El alivio para los consumidores ha durado poco. Iberdrola confirmó este martes que trasladará a sus clientes el 70% del sobrecoste generado por el llamado «modo reforzado» que Red Eléctrica mantiene activo desde el gran apagón de hace seis meses. Esta intervención, destinada a incrementar la entrada de energía convencional y reducir el peso de las renovables, ha supuesto ya 210 millones de euros entre España y Portugal, de los que 180 millones corresponden al mercado español.

Durante meses, el impacto de ese sistema excepcional se había mantenido fuera del recibo gracias a la intervención del regulador y a los contratos a precio fijo. Sin embargo, esa barrera empieza a resquebrajarse. Según los cálculos del propio sector, el coste total de los servicios de ajuste ronda los 731 millones de euros sólo en los últimos seis meses, y el traspaso al consumidor será inevitable. No sólo Iberdrola: el resto de eléctricas planean aplicar la misma medida.

En España existen más de 30 millones de puntos de suministro, y cerca de 23 millones de ellos —el 72%— pertenecen al mercado libre, con tarifas pactadas por periodos de uno o dos años. Es precisamente esa renovación la que las compañías aprovecharán para introducir cláusulas de traspaso del sobrecoste, algo que hasta ahora no podían hacer.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había prohibido en junio trasladar el coste de los servicios de ajuste a quienes mantenían contratos vigentes a precio fijo. Ese escudo temporal se presentó como una medida de urgencia tras el apagón, pero seis meses después sigue en vigor y consolidado, incluso con nuevos fallos de tensión registrados en la red.

No obstante, la protección sólo se aplica mientras el contrato sigue activo. Una vez renovado, las eléctricas disponen de margen para incorporar nuevas condiciones. Desde la CNMC recuerdan que las empresas deben ofrecer información “»adecuada y transparente» sobre las razones de la variación de precios, notificando los cambios antes de la firma o renovación del contrato, y aseguran que mantendrán la supervisión de estas prácticas.