La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tenido que reconocer que la chapuza en la gestión de los datos de los maltratadores provocó la excarcelación de algunos de ellos. Pese a intentar restar importancia, la dirigente socialista admitió que la pérdida de los registros históricos de las órdenes de alejamiento previas al 20 de marzo de 2024 —tal y como desveló Okdiario— permitió que maltratadores quedaran en libertad.

Redondo aseguró que «prácticamente ninguna persona» había sido excarcelada, un matiz que implica aceptar que sí hubo beneficiados por la negligencia de su ministerio. Al mismo tiempo, trató de calmar la polémica afirmando que cuando se detecta un problema «inmediatamente una trabajadora de Cometa acude al juzgado a testificar».

La ministra defendió la fiabilidad de los dispositivos de control, pese a que incluso las trabajadoras del Centro Cometa han denunciado que los nuevos aparatos pueden ser retirados «perfectamente» por los maltratadores y que presentan fallos graves como ubicaciones congeladas durante horas o errores del GPS. Pese a ello, Redondo insistió en que las pulseras «funcionan correctamente», que «salvan vidas» y que la alarma social responde a «exageraciones».

El problema se originó con la adjudicación del nuevo contrato del sistema de seguimiento telemático, que impidió traspasar correctamente la información cifrada del proveedor anterior. La compañía israelí encargada del servicio encriptó todos los expedientes y ahora se niega a facilitar los datos al Gobierno.

Esta anomalía ha provocado que desde el 20 de marzo de 2024 no puedan recuperarse los registros previos, dejando a los juzgados sin información esencial. La Fiscalía, en su memoria de 2024, ha constatado «múltiples fallos» en los dispositivos, alertando de que esta situación conduce a sentencias absolutorias en muchos casos por falta de pruebas.

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han advertido de forma expresa de estos problemas y han alertado a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género por la potencial desprotección de las víctimas.