El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, han consolidado una estrategia conjunta basada en una serie de concesiones destinadas a mantener la estabilidad política frente a la creciente presión de los partidos independentistas catalanes. Esta alianza, cimentada en la necesidad mutua de supervivencia parlamentaria, se ha traducido en importantes cesiones que buscan apaciguar a los socios separatistas, considerados imprescindibles para sostener tanto la legislatura catalana como el Ejecutivo central.

Entre las principales medidas adoptadas figura la aprobación de la Ley de Amnistía, diseñada para facilitar el retorno sin consecuencias legales de los líderes fugados del procés, una iniciativa que Illa defiende públicamente con vehemencia. Asimismo, se ha impulsado la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalidad, una cesión que, aunque inicialmente cuestionada por el propio Illa, es vista como una herramienta que los independentistas podrían usar para promover políticas migratorias con tintes excluyentes.

El acuerdo también contempla la progresiva transferencia de la recaudación de impuestos a Cataluña, comenzando con el IRPF en 2028, en un movimiento que marca un paso decisivo hacia una mayor autonomía fiscal. Además, la condonación de una deuda millonaria de la Generalidad con el Estado se ha concretado como otra muestra de la voluntad de Sánchez de mantener el respaldo de ERC y Junts en el Congreso.

A pesar de estos esfuerzos conjuntos, la alianza entre Illa y Sánchez enfrenta desafíos significativos, especialmente en la dificultad para aprobar unos Presupuestos que den estabilidad económica a ambos gobiernos. ERC mantiene una actitud exigente, recordando que su apoyo no es incondicional y que puede torpedear la legislatura si no se cumplen sus demandas.