El accidente ferroviario de Adamuz ha reabierto heridas que nunca llegaron a cerrarse. Mientras avanza la investigación en Córdoba, el recuerdo de Angrois vuelve a planear sobre las víctimas y sus familias como un aviso de lo que puede venir después: años de procedimientos, recursos encadenados y compensaciones económicas que no llegan. La experiencia del descarrilamiento ocurrido en Santiago de Compostela en julio de 2013 se ha convertido en un precedente que amenaza con repetirse.

En aquel siniestro, el tren Alvia 04155 que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló la noche del 24 de julio, provocando la muerte de 80 personas y dejando decenas de heridos. Casi trece años después, muchas de las familias afectadas siguen sin percibir las indemnizaciones que les corresponden por la pérdida de sus seres queridos o por las lesiones sufridas, a pesar de existir una sentencia condenatoria.

El motivo de este bloqueo se encuentra en los recursos presentados contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela. Así lo explica el abogado Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados y representante legal de varias familias, que subraya a El Independiente que estas impugnaciones han paralizado el pago de las compensaciones como medida de protección hasta que se pronuncien instancias superiores.

La incertidumbre es total. Si una nueva sentencia absolviera a los condenados, las aseguradoras quedarían liberadas del abono de indemnizaciones que superan los 20 millones de euros. Por ese motivo, señala Benítez Ostos, el dinero «no es seguro» hasta que se resuelva el proceso en la Audiencia Provincial o, en su caso, en el Tribunal Supremo.

Este escenario prolonga un sufrimiento que comenzó mucho antes. Las víctimas de Angrois tuvieron que esperar nueve años para la celebración del juicio, una demora que provocó que algunos afectados fallecieran sin llegar a ver a los responsables sentados en el banquillo. La justicia tardía añadió una nueva capa de dolor a una tragedia ya irreparable.

La experiencia de Angrois planea ahora sobre Adamuz, donde se han abierto dos líneas de investigación. La vía judicial está dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro y cuenta con las diligencias de la Guardia Civil, coordinadas por el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística. En paralelo, se desarrolla la investigación técnica de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

La actuación de este organismo fue duramente cuestionada tras Angrois. Sus conclusiones se limitaron a atribuir el accidente a un exceso de velocidad y a un despiste del maquinista, sin analizar posibles deficiencias en la infraestructura ferroviaria. Años después, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó que la comisión no había actuado de manera independiente respecto a Renfe, reforzando las críticas de las víctimas.

En el caso de Adamuz, los investigadores han descartado el error humano y el sabotaje. El foco se centra ahora en un posible defecto de las vías o del tren Iryo, propiedad de una empresa italiana. También se estudia una hipótesis de responsabilidad compartida, en la que un fallo técnico del convoy se habría visto agravado por el estado de la infraestructura.

De confirmarse este escenario, explica Benítez Ostos, la responsabilidad civil y el pago de las indemnizaciones recaerían tanto en la aseguradora de la empresa propietaria del tren como en el Estado. Los posibles delitos serían homicidio imprudente y lesiones, aunque todavía habrá que esperar a que la investigación arroje conclusiones definitivas.

Mientras tanto, la vía penal comienza a activarse. La asociación Liberum ha presentado una denuncia contra dos directivos de Adif y un responsable de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, además de cualquier otra persona cuya responsabilidad penal pudiera derivarse de su cargo o desempeño. En su escrito incorpora una comunicación remitida el pasado mes de agosto por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, en la que se alertaba de la “profunda preocupación” por el estado general de varias líneas de alta velocidad.

A esta ofensiva judicial se han sumado Manos Limpias y el partido Iustitia Europa, que han solicitado personarse en el procedimiento abierto en Montoro. Todo apunta a un proceso largo y complejo que amenaza con reproducir el mismo patrón de retrasos, recursos y compensaciones bloqueadas que marcó el caso de Angrois, con las víctimas, una vez más, atrapadas en la lentitud de la justicia.