El doble terremoto que ha golpeado Venezuela, con dos seísmos de gran intensidad registrados con apenas 39 segundos de diferencia, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de un país marcado por décadas de deterioro institucional, económico e infraestructural. Pero la catástrofe también abre una pregunta incómoda para España: si el país está preparado para afrontar un episodio sísmico grave.
En declaraciones a La Razón, Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, advierte de que el riesgo no es una hipótesis remota. Preguntado por si en España podría ocurrir algo similar, ha sido claro: «Evidentemente».
Contreras explica que un terremoto se produce por la acumulación de esfuerzos tectónicos entre placas o masas rocosas. Cuando esa tensión supera la resistencia del terreno, se genera una rotura o un desplazamiento en una falla. Esa liberación de energía provoca ondas sísmicas que se transmiten hacia la superficie con una fuerza capaz de causar daños masivos.
En el caso de Venezuela, el doble temblor pudo deberse, según el ingeniero, a un movimiento dentro de la misma falla, pero a distinta profundidad. No se trataría de una duplicidad del mismo seísmo, sino de una réplica inmediata, incluso más fuerte que la primera, provocada por el desplazamiento de otra zona inferior de la misma estructura geológica.
La magnitud del terremoto no es el único factor que determina el nivel de destrucción. También influyen la profundidad del foco, el tipo de terreno y la calidad de las construcciones. Un seísmo superficial transmite con más intensidad las ondas hacia la superficie. Y si además afecta a terrenos sueltos, arenosos o poco consolidados, la vibración puede amplificarse y aumentar los daños.
Contreras señala también el peso de la calidad de los materiales y del diseño de los edificios. En países con escasos recursos técnicos, controles deficientes o deterioro institucional, un terremoto de gran magnitud tiene muchas más posibilidades de convertirse en una catástrofe humana y material. En el caso venezolano, el vocal de la asociación considera que la situación política de las dos últimas décadas ha impedido al país disponer de medios económicos y técnicos suficientes para construir con estándares adecuados.
Las primeras inspecciones tras un seísmo de estas características deben centrarse, según apunta, en las infraestructuras críticas: redes eléctricas, subestaciones, hospitales, abastecimiento de agua, presas y comunicaciones. La caída de esos servicios puede agravar la emergencia inicial y multiplicar los riesgos sanitarios, logísticos y de seguridad.
El tiempo de recuperación depende de la capacidad económica y técnica del país afectado. Contreras compara la situación con Haití, donde el terremoto de 2010 dejó zonas sin reconstruir años después, y con México, que pudo recuperar la normalidad tras el seísmo de 2018 gracias a una mayor capacidad institucional y de reconstrucción.
El aviso más relevante para España llega por la vía normativa. Contreras recuerda que la construcción española se rige todavía por la norma sísmica NCSE-02, aprobada en 2002, que define las exigencias sismorresistentes en función de las zonas y de los terremotos registrados. A su juicio, esa norma no es plenamente segura, como ya puso de manifiesto el terremoto de Lorca.
Aquel seísmo, registrado en 2011, evidenció la vulnerabilidad del parque inmobiliario en determinadas zonas del país. Contreras recuerda que en Lorca decenas de edificios sufrieron daños graves y sostiene que desde entonces se trabaja en una nueva norma sísmica más segura.
El problema, según denuncia, es que España sigue sin adoptar plenamente el Eurocódigo sísmico, una referencia europea aplicada en el resto del continente. «Estamos luchando para que se adopte este código, ya que es un tema de seguridad para una población muy importante», señala.
España no es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, pero sí tiene zonas expuestas, especialmente en el sur y sureste peninsular, el área bético-balear, el golfo de Cádiz, los Pirineos y Canarias. El riesgo no es uniforme, pero tampoco inexistente.
El terremoto de Venezuela deja así una advertencia que trasciende la emergencia iberoamericana. La cuestión ya no es sólo qué provocó el doble temblor, sino si España está preparada para soportar un episodio sísmico severo sin repetir errores ya conocidos. La respuesta de Contreras apunta directamente a las administraciones: el riesgo existe y la normativa española sigue pendiente de una actualización decisiva.
