El Ministerio del Interior ha decidido conceder el tercer grado a la presa del GRAPO María José Baños, condenada por pertenencia a organización terrorista y otros delitos graves, en una medida que abre la puerta a su excarcelación y que deberá ser ahora validada por la Audiencia Nacional.
La decisión de Instituciones Penitenciarias, adoptada bajo el argumento de «razones humanitarias«, supone un paso clave para que se tramite la libertad condicional de la reclusa, que cumple condena en la prisión de Murcia II.
Baños, de 61 años, acumula una larga trayectoria delictiva vinculada al terrorismo, con una condena de 35 años por delitos como colaboración con banda armada, robos con violencia, asociación ilícita y delitos contra la salud pública. Ingresó en prisión por primera vez en 1992 y ya había cumplido las tres cuartas partes de su condena en 2018.
La medida se basa en informes médicos que apuntan a una enfermedad grave, lo que ha permitido aplicar el artículo 104 del Reglamento Penitenciario, utilizado para internos con padecimientos incurables. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia al tratarse de una condenada por terrorismo, en un contexto en el que el Gobierno ha sido criticado por su política penitenciaria.
El expediente ha sido ya elevado al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que tendrá la última palabra sobre la concesión de la libertad condicional.
El caso ha cobrado visibilidad por el respaldo público a su excarcelación desde plataformas afines a presos, que cuentan con el apoyo de figuras del ámbito cultural, lo que ha contribuido a reavivar el debate sobre el trato a los condenados por terrorismo.
La clasificación en tercer grado se ha realizado conforme a la normativa vigente, pero vuelve a situar en el foco las decisiones administrativas que facilitan la salida anticipada de prisión de reclusos vinculados a organizaciones terroristas, dejando en manos de la Justicia la decisión final sobre su puesta en libertad.
