
El Ministerio del Interior ha movilizado a decenas de policías y guardias civiles, ha suspendido vacaciones y permisos y ha reforzado la presencia de antidisturbios en Ceuta ante la posibilidad de una nueva invasión este sábado. Sin embargo, los agentes desplegados en la ciudad autónoma denuncian que todavía no han recibido instrucciones sobre cómo actuar si se produce otro asalto masivo.
«No hay ningún plan. No han dado ni siquiera ningún tipo de orden por si sucede. Hay silencio total en las transmisiones», ha asegurado un mando de la Guardia Civil a The Objective. Según las fuentes consultadas por este medio, Interior no ha establecido una hoja de ruta que determine cuándo intervenir, qué medios de disuasión pueden emplearse, si deben realizarse detenciones o cómo ejecutar las devoluciones.
La alerta responde a las campañas difundidas durante los últimos días en redes sociales marroquíes, desde las que se estaría convocando a miles de personas para tratar de entrar de nuevo en Ceuta. El llamamiento sitúa el próximo sábado como fecha para repetir el asalto registrado los días 30 y 31 de julio, durante el que entraron cerca de 80.000 inmigrantes, según el último dato atribuido al Ejecutivo.
La falta de órdenes también afecta a los efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) enviados como refuerzo. «Si pasa algo, pasará, pero nadie sabe lo que tiene que hacer. Se ha improvisado desde el principio y sigue haciéndose así», ha denunciado un agente.
Otro policía califica la situación de «surrealista»: «No es posible que nadie sepa absolutamente nada de lo que tiene que hacer si vuelve a ocurrir». Los agentes advierten de que un asalto de estas dimensiones exige instrucciones previas y una coordinación precisa para evitar que la situación vuelva a desbordarse.
Los refuerzos policiales llevan varios días interviniendo ante reyertas y peleas en las afueras de Ceuta y en algunas playas. Cientos de inmigrantes pernoctan en estos lugares y han levantado asentamientos improvisados. Los agentes calculan que alrededor de 3.000 personas se han instalado en la costa.
Los delitos de riña tumultuaria, lesiones y robos, así como las incautaciones de armas blancas, se han disparado desde la invasión. Los juzgados han enviado a prisión a nueve inmigrantes llegados durante el asalto como presuntos autores de distintos delitos. Tres de ellos están acusados de agresiones sexuales a menores y la Policía investiga al menos diez casos de este tipo.
La prioridad de Interior es garantizar la seguridad y acelerar la expulsión de los inmigrantes ilegales que continúan en Ceuta. Las cifras, sin embargo, siguen siendo contradictorias. El Gobierno sitúa ahora su número entre 5.000 y 10.000, mientras el Ejecutivo de la ciudad autónoma sostiene que permanecen allí más de 10.000.
Fuentes policiales atribuyen la ausencia de instrucciones a la confianza del Gobierno en que Marruecos impida que los inmigrantes alcancen la frontera del Tarajal. Medios del país vecino aseguran que el norte marroquí ha quedado blindado mediante un operativo de seguridad sin precedentes.
En las últimas horas, vehículos de las fuerzas de seguridad marroquíes y unidades del Ejército se han desplegado en caminos secundarios, carreteras interiores y accesos próximos a Ceuta que habitualmente carecen de presencia policial o militar. La vigilancia también se ha reforzado entre Tánger y Tetuán.
El Ministerio del Interior marroquí ha activado unidades especializadas en el mantenimiento del orden público y ha enviado camiones con cañones de agua, material para lanzar gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. El objetivo sería dispersar cualquier concentración antes de que sus integrantes puedan aproximarse al vallado fronterizo.
Los agentes españoles advierten de que Interior no debería «confiar tan ciegamente en Marruecos» y reclaman al menos un protocolo básico para impedir que una nueva invasión vuelva a colapsar la ciudad.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó este jueves Ceuta por segunda vez desde el asalto. Los vecinos lo recibieron con abucheos y pitidos por la respuesta del Gobierno y el deterioro de la seguridad en las calles.
Durante su visita, Marlaska anunció el envío de una veintena de agentes de Extranjería para acelerar los expedientes de devolución. «La inmensa mayoría va a regresar a Marruecos a la mayor brevedad», aseguró.
El ministro también comunicó el despliegue de 45 miembros adicionales de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para incrementar la presencia policial. De las 500 solicitudes de asilo tramitadas hasta el momento, añadió, la mayoría ya habría sido desestimada.
El Ejecutivo había sostenido inicialmente que en Ceuta permanecían unos 2.000 inmigrantes. Marlaska elevó posteriormente la cifra hasta los 5.000, mientras las autoridades ceutíes mantienen que más de 10.000 continúan en la ciudad. La amenaza de otro asalto llega así con miles de inmigrantes todavía en las calles y con los agentes españoles reforzados, pero sin órdenes concretas para responder.