
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) consideró desde el principio un error la decisión del Ministerio del Interior de contratar tecnología de la empresa china Huawei para almacenar y gestionar las comunicaciones interceptadas por Policía y Guardia Civil. La operación, firmada por 12,3 millones de euros y avalada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha provocado la indignación de Estados Unidos, cuyo Congreso ya ha pedido revisar cómo se comparte inteligencia con España, socio de la OTAN y aliado histórico de Washington.
La decisión, según fuentes de máxima solvencia citadas por Abc, respondió a un criterio económico: la tecnología china era más barata que las alternativas estudiadas. Pero el Ejecutivo socialista ignoró —o despreció— las advertencias sobre las implicaciones de seguridad: Huawei está obligada por ley a colaborar con el Gobierno chino, lo que deja expuesta información confidencial en un sistema clave para las Fuerzas de Seguridad.
Tanto preocupaba la elección que, según las mismas fuentes, los servicios de inteligencia españoles la calificaron como “una metedura de pata” capaz de abrir un nuevo frente con Estados Unidos, en un momento en que las relaciones bilaterales ya están deterioradas.
Aunque las consecuencias concretas aún están por ver, las primeras damnificadas pueden ser la Policía y la Guardia Civil, que podrían encontrar dificultades puntuales para acceder a información de sus colegas estadounidenses. En el caso del CNI, en cambio, no se esperan grandes cambios: el servicio de inteligencia español mantiene su propia infraestructura aislada y asegura que su colaboración con la CIA responde siempre a intereses mutuos, no a una dependencia unilateral.
“Existe un cliché según el cual la operatividad de nuestros servicios depende de lo que faciliten los estadounidenses, pero esa visión está muy alejada de la realidad”, explican las fuentes consultadas. “Si ayudan en algo, es porque les interesa; y al revés, igual”.
Las razones por las que Interior se inclinó por Huawei no son del todo claras. Las fuentes apuntan a la enorme capacidad de presión de la empresa china, con un ‘lobby’ más potente que el de cualquier otra compañía de telecomunicaciones en España.
No es menos relevante el contexto político: José Luis Rodríguez Zapatero ha abogado por estrechar la relación con China pese a su régimen autoritario, y Pedro Sánchez visitó Pekín en plena crisis entre China y la Administración Trump, lo que no pasó desapercibido en Washington.
Además, como detalle significativo, Therese Jamaa, expareja del actual ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, ocupó el puesto de número dos de Huawei en España, una circunstancia conocida en ámbitos diplomáticos.