Varios comisarios de la Policía Nacional denuncian que el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, está manipulando los datos de criminalidad para sostener la idea de que España es un país seguro. Los agentes aseguran que los números oficiales no reflejan lo que ocurre realmente en las calles y que la mecánica del engaño se ha convertido en práctica habitual dentro del cuerpo: cambiar categorías, archivar denuncias o directamente no abrir diligencias. En definitiva, transformar el delito en un expediente fantasma.
Según revela The Objective, la estrategia del departamento de Marlaska permite al Gobierno exhibir una criminalidad en mínimos históricos, mientras las okupaciones, los robos y las agresiones crecen fuera del radar estadístico. Ahora, ese mismo patrón se repite con las estafas por internet, el delito que más se ha disparado en el país y que menos figura en los informes oficiales.
Fuentes policiales confirman que los agentes han recibido instrucciones para entregar a los ciudadanos víctimas de fraudes digitales un formulario que impide tramitar una denuncia formal. El documento los redirige a su banco, bajo la premisa de que la entidad financiera les devolverá el dinero. De este modo, el caso no se registra, no se abre investigación y, por tanto, no aparece en la estadística. «En la mayoría de los casos cuela», admite un agente en activo. «Cuando el banco reembolsa el dinero, el ciudadano queda conforme y no vuelve a denunciar», añade.
The Objective ha tenido acceso a esos impresos internos, utilizados en comisarías de distintas provincias. En ellos se especifica que el trámite “no reviste carácter de denuncia penal” y que el afectado debe dirigirse a su entidad bancaria.
El origen legal de este mecanismo se encuentra en el Real Decreto-ley 19/2018, aprobado al inicio del mandato de Pedro Sánchez. La norma establece que, en caso de operaciones no autorizadas, el banco debe devolver el importe salvo fraude o negligencia del cliente. En teoría, la medida protege al consumidor. En la práctica, se ha convertido en una coartada perfecta para reducir las cifras de criminalidad y evitar investigaciones sobre las bandas organizadas que operan tras estas estafas.
Los mandos policiales consultados denuncian que el Ministerio del Interior utiliza esta norma como una maniobra deliberada para maquillar las estadísticas. “Menos denuncias, menos delitos; menos delitos, más titulares complacientes”, resumen.
Los agentes reconocen que los fraudes digitales “se han disparado de forma desmesurada”. Sin embargo, los informes oficiales no lo reflejan. “Dicen que no se puede investigar porque es difícil identificar al autor, pero cuando se investiga se descubre que hay grupos organizados detrás”, explica un comisario. “Investigar implica aumentar la estadística, y eso es justo lo que el Gobierno no quiere”, incide.
Esta dinámica ha creado una paradoja dentro del cuerpo: investigar se traduce en generar delincuencia. Cuantos más casos se resuelven, peor queda la fotografía trimestral del Ministerio. Por eso, lo más cómodo es no mirar. Las unidades especializadas en delitos telemáticos están desbordadas, pero sus registros oficiales no crecen.
El resultado es demoledor. Sin denuncia, no hay investigación. Y sin investigación, las redes criminales siguen operando desde el extranjero, moviendo millones de euros cada mes. “La calle está en manos de grupos criminales, bandas juveniles y perfiles delincuenciales que dominan el espacio público”, advertía un comisario. “La Policía se ve reducida a luchar contra la estadística, no contra el delito real”, añade.
Mientras tanto, el Gobierno presume de cifras. “La tasa de criminalidad está ahora más baja que hace 15 años”, proclamó recientemente José Luis Rodríguez Zapatero en televisión. Pero detrás de ese gráfico optimista se esconde una realidad inquietante: un país que mide su seguridad por los números y no por los hechos. Una ficción estadística que mantiene tranquilo al ciudadano… hasta que le toca ser víctima.
