Agentes de la Policía Nacional denuncian que sus mandos, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, les prohíben incoar expedientes de expulsión a los delincuentes extranjeros detenidos que hayan solicitado regularizar su situación antes del arresto. Las órdenes se transmiten de forma verbal, según fuentes policiales, para evitar que quede constancia por escrito.

La medida se justifica por el coste económico y los recursos que exige tramitar la expulsión de un extranjero que podría conseguir los papeles antes de que la Administración resuelva el expediente. En ese caso, advierten los agentes, el delincuente podría permanecer en España pese a sus antecedentes policiales o penales.

«Le llaman “eficiencia administrativa”», señalan las fuentes consultadas por Okdiario, que muestran su preocupación por las consecuencias de estas instrucciones, en especial ante los delincuentes extranjeros reincidentes.

«Nos dicen que nos ahorremos el proceso»

El procedimiento habitual tras la detención de un delincuente extranjero en situación ilegal incluye la apertura de un expediente de expulsión, cuya resolución corresponde a la Delegación del Gobierno. El arrestado puede ser trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras las autoridades tratan de acreditar su identidad y conseguir que su país de origen acepte su devolución.

Sin embargo, los policías aseguran que sus superiores les han ordenado prescindir de este procedimiento cuando el detenido ya ha pedido regularizarse. «Nos dicen que nos tenemos que ahorrar todo este proceso, porque mientras la Delegación del Gobierno resuelve sobre la expulsión, el delincuente extranjero puede haber conseguido regularizar su situación y, por tanto, ya sería inexpulsable», explican.

La instrucción supone que la mera existencia de una solicitud previa puede frenar desde el inicio la tramitación de la expulsión, incluso cuando el extranjero ha sido detenido por delitos o acumula antecedentes. Interior evitaría así dedicar recursos a un procedimiento que podría quedar sin efecto si la regularización se concede antes de que llegue la resolución administrativa.

Los agentes alertan, además, de las dificultades que encuentran para identificar a algunos de los extranjeros implicados en delitos graves. Entre los detenidos figuran inmigrantes que emplean varias identidades falsas tanto para delinquir como para obstaculizar su expulsión de España.

Identidades falsas para evitar la devolución

Algunos de estos delincuentes presentan documentación argelina con la esperanza de impedir su deportación. Hasta hace unos meses, Argelia se negaba a reconocer como propios a algunos ciudadanos detenidos en España, lo que bloqueaba su devolución.

La situación ha comenzado a cambiar, aunque los reconocimientos continúan produciéndose con lentitud. «Ahora Argelia sí reconoce a sus ciudadanos, pero con cuentagotas; por eso los delincuentes extranjeros con varias nacionalidades, marroquí y argelina, por ejemplo, se identifican como argelinos con la esperanza de que sea imposible devolverlos a su país de origen», señalan las fuentes policiales.

Estas prácticas se suman a unos procedimientos administrativos que pueden prolongarse durante años. Las demoras permiten que delincuentes extranjeros permanezcan en España mientras las delegaciones del Gobierno resuelven los expedientes y negocian con los países de origen.