El Ministerio del Interior desplegó durante dos meses un dispositivo de contravigilancia sobre Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, en pleno seguimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama investigada en el caso SEPI. La decisión, adoptada tras una petición de la propia Díez, ha provocado malestar en sectores policiales por el uso de recursos públicos en favor de una persona situada bajo el foco de una investigación que afecta al entorno socialista.
La medida fue ejecutada por agentes de la Brigada Provincial de Madrid de la Policía Nacional entre junio y agosto de 2025. Interior ha defendido que actuó tras una solicitud de protección presentada por Díez después de la rueda de prensa en la que apareció por sorpresa el empresario Víctor de Aldama, que se enfrentó públicamente a ella y a su socio, Javier Pérez Dolset.
Díez pidió entonces una orden de alejamiento para Aldama y una escolta. La escolta fue denegada, pero Interior decidió activar un servicio de contravigilancia, una medida que no equivale a una simple protección estática o dinámica. Su finalidad consiste en comprobar si una persona está bajo vigilancia, ya sea mediante seguimientos físicos o por medios electrónicos.
La clave política del caso está en las fechas. En ese momento, la UCO ya seguía la pista de Leire Díez y de varios de los implicados en la presunta trama vinculada al caso SEPI. Según fuentes de la Guardia Civil, los investigadores habían puesto el foco sobre Díez desde marzo de 2025, cuando se reunió con el comandante Rubén Villalba y le habría expuesto parte de los objetivos y métodos de la operación presuntamente dirigida contra causas judiciales que afectaban al PSOE.
La contradicción de Interior agrava el caso. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó en el Senado que su departamento hubiera puesto escolta a Leire Díez. Horas después, el propio Ministerio reconoció que sí se había dispuesto un servicio policial de contravigilancia durante dos meses. La diferencia técnica entre escolta y contravigilancia no rebaja la dimensión política del asunto: Interior movilizó agentes para proteger el entorno operativo de una persona investigada por una trama que afectaba directamente a unidades policiales y judiciales.
Tampoco es la primera rectificación de Marlaska en torno a Díez. El ministro sostuvo inicialmente que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no se había reunido con la exmilitante socialista. Después se conoció que esos encuentros sí se produjeron, aunque Interior ha defendido que en ellos no se abordó la trama investigada.
Durante los dos meses en los que funcionó el dispositivo, Interior aseguró que no se detectó ningún seguimiento sobre Díez. Sin embargo, fuentes próximas a la investigación sostienen que en ese periodo la fontanera del PSOE habría recibido instrucciones para protegerse y evitar que sus comunicaciones fueran intervenidas.
Díez volvió a solicitar medidas de contravigilancia en noviembre de 2025 tras denunciar «llamadas sospechosas». En esa ocasión, la valoración policial determinó que el riesgo era «muy bajo» y no se adoptaron nuevas medidas.
El Ministerio sostiene que actuó conforme al protocolo aplicado ante solicitudes similares y que los servicios de seguridad y protección a personas están regulados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Esa explicación no ha evitado el malestar dentro de la Policía Nacional, especialmente en unidades vinculadas a escoltas, donde la decisión fue considerada «insólita» por la ausencia de una orden judicial y por el perfil de la solicitante.
La polémica abre otro frente para Interior en plena investigación sobre las maniobras atribuidas a Leire Díez y su entorno. El fondo del caso ya no se limita a las reuniones, los contactos o las supuestas operaciones contra la UCO, sino al uso de medios policiales bajo la autoridad de Marlaska para una figura vinculada a una de las tramas más sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez.
