El Ministerio del Interior puso escolta a la exmilitante socialista Leire Díez mientras el Gobierno trataba de ocultar su relación con la llamada fontanera del PSOE y negaba por escrito contactos que ahora han quedado acreditados en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO). Según ha publicado El Debate, el departamento que dirige el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, concedió protección policial a Díez cuando ya estaba siendo investigada por la Policía Judicial.

El caso golpea de lleno al núcleo político de Pedro Sánchez. El auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el atestado de la UCO sitúan a Díez dentro de una «presunta organización criminal» cuya finalidad habría sido «la defensa del Gobierno y su partido político, el PSOE», con actuaciones dirigidas a «intentar atacar la integridad de todos los procedimientos judiciales con afectación al entorno del Gobierno», según el atestado citado por El Debate.

La UCO comenzó a investigar esta trama en 2021 y prolongó sus pesquisas hasta 2025. Los agentes precisan que la acción delictiva analizada en el informe se sitúa ya en abril de 2024, como continuación de las actuaciones que el grupo habría desarrollado con anterioridad. Ese periodo coincide con la carta de Pedro Sánchez y sus días de reflexión, en plena presión judicial sobre su entorno político y familiar.

Uno de los puntos más comprometidos para Interior es la relación entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Los investigadores sostienen que constataron al menos tres reuniones entre ambas los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025, en las inmediaciones de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil.

Según el informe, existen indicios de que Díez habría trasladado a González determinada información «obtenida en el marco de la actividad aparentemente delictiva que venía desarrollando». La propia exmilitante socialista aseguraba tener con la directora de la Guardia Civil una relación de «confianza» anterior incluso a su nombramiento.

La versión oficial del Gobierno, sin embargo, fue durante meses la negación. El jefe de Gabinete de la directora general de la Guardia Civil, el general David Blanes González, afirmó por escrito a El Debate que «no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo reunión alguna». También negó la existencia de documentación relativa a informaciones sobre la UCO solicitadas por Leire Díez.

En la misma línea, el director de Gabinete de Marlaska, Lorenzo Martínez Ruiz, sostuvo que no le constaba documentación sobre reuniones entre la directora del Instituto Armado y Díez ni sobre una supuesta «UCO patriótica». Interior tampoco habría ordenado una investigación interna para aclarar si esos encuentros existieron y qué asuntos se trataron.

Esa posición quedó comprometida cuando Mercedes González reconoció públicamente, en un comunicado enviado a los medios el jueves 4 de junio, que sí se reunió en varias ocasiones con Leire Díez. Admitió además que, en uno de esos encuentros, la exmilitante socialista le pidió la restitución del comandante Rubén Villalba, detenido al inicio del caso Koldo. Según González, rechazó esa petición «de plano».

El ministro del Interior ha mantenido su respaldo a la directora general de la Guardia Civil. Marlaska defendió este viernes que no se mintió sobre las reuniones porque, según su versión, en esos encuentros no se habló de nada relativo a la presunta trama de corrupción. También negó presiones a la UCO y pidió dejar trabajar al juez.

La nueva revelación añade otro elemento al escándalo. Leire Díez solicitó protección policial después de que el empresario Víctor de Aldama irrumpiese en una rueda de prensa suya y tras denunciar la recepción de centenares de amenazas por WhatsApp. Interior concedió esa protección, pero se negó a informar sobre su alcance al considerarla materia reservada.

El departamento de Marlaska recurrió a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y a acuerdos posteriores del Consejo de Ministros para justificar el bloqueo de la información. Según Interior, la documentación sobre la concesión de escolta y la tramitación del expediente se encuadra en el ámbito de los servicios de seguridad y protección de personas, por lo que tiene acceso restringido.

La decisión provocó malestar en sectores policiales. El sindicato Jupol denunció lo que considera un «uso abusivo e injustificado del sistema de escoltas policiales en España» y advirtió de que «los policías deben estar en la calle, no escoltando políticos y fontaneros«.

El atestado de la UCO también apunta al posible conocimiento de Pedro Sánchez sobre la actividad de Leire Díez. Los agentes interpretan que, cuando la exmilitante socialista se refería a «el one», aludía al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Según el informe, esa expresión sólo podría corresponder a Sánchez por ser la «única persona que por su posición» podía ordenar algo al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En esas conversaciones, Díez habría afirmado que «el one» le hizo llegar que estaba realizando «un trabajo enorme» y que no se viniera abajo. Para los investigadores, las referencias a «S», «Santi» o «jefe» corresponderían a Santos Cerdán, mientras que «el one» sería el jefe del Ejecutivo.

Moncloa ha intentado levantar un cortafuegos alrededor del presidente. La Secretaría General de Presidencia del Gobierno, a través de su directora jurídica, Beatriz Rodríguez, aseguró el pasado julio que no obraba en su poder ningún documento relacionado con posibles reuniones entre Sánchez y Leire Díez ni con encargos encomendados por el Gobierno a la exmilitante socialista.

El problema para el Ejecutivo es que la investigación de la UCO ha colocado bajo sospecha la versión oficial ofrecida por Interior y por Moncloa. Primero se negaron las reuniones. Después se reconocieron parcialmente. Y ahora se conoce que Interior protegió con escolta a una persona que ya estaba bajo investigación por su presunto papel en una trama destinada a interferir en causas judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE.

El caso no sólo compromete a Leire Díez. También señala a los resortes políticos e institucionales que habrían permitido a una exmilitante socialista moverse entre Ferraz, Moncloa y la Guardia Civil mientras el Gobierno negaba vínculos, bloqueaba información oficial y declaraba secreto de Estado una protección policial concedida en plena investigación judicial.