La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga un presunto amaño en un contrato de la empresa pública Pecovasa, adjudicado en marzo de 2022 a Renfe Mercancías por 37,6 millones de euros. El expediente afecta a varias sociedades del grupo ferroviario y pone bajo la lupa la actuación del expresidente de Pecovasa, Joaquín del Moral Salcedo, y de su actual director general, Alfonso Rodríguez Gutiérrez, según publica The Objective.

El contrato investigado correspondía a un servicio de «tracción ferroviaria en el ámbito nacional», al que concurrieron otras dos empresas además de Renfe Mercancías. La adjudicación se produjo en marzo de 2022 y las sospechas sobre el procedimiento llevaron a la Dirección de Competencia a iniciar las primeras actuaciones en octubre de 2023.

Ese mes, los inspectores del organismo regulador registraron las sedes de Pecovasa y Renfe Mercancías y recabaron documentación relacionada con la licitación. Tras detectar indicios de posibles irregularidades, la CNMC abrió formalmente un expediente sancionador en julio de 2024. Desde entonces, las compañías investigadas han presentado distintos recursos para intentar frenar las pesquisas.

El caso presenta una particularidad en la estructura empresarial de Pecovasa. La compañía, especializada inicialmente en el transporte ferroviario de automóviles, era una sociedad privada hasta que Renfe adquirió el 55% de su capital en 2010. La operadora pública fue incrementando posteriormente su participación hasta hacerse con el 100% de las acciones.

Esta situación provoca que Pecovasa licite contratos en los que puede competir su propia matriz con otras empresas privadas del sector. Una circunstancia que adquiere relevancia en el expediente abierto por la CNMC, especialmente porque las compañías privadas habrían presentado ofertas económicas más competitivas que Renfe Mercancías en este tipo de concursos.

La investigación también alcanza a los principales responsables de Pecovasa cuando se preparó y adjudicó el contrato. El 9 de febrero de 2021, Joaquín del Moral Salcedo fue nombrado presidente de la sociedad, mientras que Alfonso Rodríguez Gutiérrez asumió la dirección general. Ambos ocupaban sus cargos cuando se publicó el concurso investigado, aproximadamente un año después de sus nombramientos.

Sin embargo, Del Moral Salcedo fue destituido en abril de 2025, mientras que Rodríguez continúa al frente de la dirección general de la compañía.

El expediente se conoce en un momento especialmente delicado para la filial de mercancías de Renfe, que acumula pérdidas desde 2020 y atraviesa una situación financiera comprometida. La compañía afronta un posible agujero de 478,5 millones de euros para el grupo público en caso de que finalmente se acuerde su disolución.

Para evitar ese escenario, Renfe ha recurrido a préstamos participativos a su filial. Además, Renfe Mercancías debe realizar un test de deterioro de activos para determinar si sus bienes han perdido valor y si procede contabilizar nuevas pérdidas.