Del presupuesto inicial de 42,6 millones, 4,6 millones procedían de financiación europea
Irene Montero, acorralada por el ‘caso pulseras’: alteró el contrato investigado por la UE y lo hizo inviable para Telefónica
Irene Montero, acorralada por el ‘caso pulseras’: alteró el contrato investigado por la UE y lo hizo inviable para Telefónica
Irene Montero e Ione Belarra. Europa Press
Por LGI
18 de noviembre de 2026

El Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Irene Montero, introdujo importantes modificaciones en el sistema de contratación de las pulseras telemáticas para agresores en 2023, estableciendo nuevas condiciones que terminaron alejando a Telefónica del concurso público. La compañía, responsable hasta entonces del funcionamiento del servicio, había advertido previamente al departamento de las dificultades técnicas que planteaban algunas de las exigencias incorporadas a los pliegos.

La operación, desvelada por The Objective, se produjo apenas unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y terminó con la adjudicación de un contrato de 35,2 millones de euros a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas Direct. Aquella contratación se encuentra ahora entre las operaciones examinadas por la Fiscalía Europea ante posibles irregularidades relacionadas con la utilización de fondos comunitarios.

La investigación adquirió una nueva dimensión el pasado 12 de noviembre, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para recabar documentación. Las diligencias están relacionadas con un posible fraude en la adquisición de dispositivos de seguimiento financiados parcialmente con recursos europeos. Hasta el momento, la Fiscalía Europea no ha identificado públicamente a posibles investigados ni ha precisado todas las circunstancias objeto de examen.

El procedimiento de contratación arrancó el 20 de julio de 2023, tres días antes de los comicios generales. El departamento de Montero estableció un presupuesto de licitación de 42,6 millones de euros, superior al del contrato anterior, adjudicado a Telefónica en septiembre de 2021 por 36,7 millones.

La nueva convocatoria no se limitaba a garantizar la continuidad del control telemático de los condenados por violencia de género. También extendía la prestación a las medidas de protección contempladas en la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, e incorporaba requisitos tecnológicos que no figuraban en las condiciones anteriores.

Entre esas exigencias destacaba la posibilidad de conectar a varios agresores con un único dispositivo utilizado por una misma víctima. El objetivo era que las mujeres protegidas mediante varias órdenes de alejamiento no necesitasen portar diferentes aparatos para controlar el cumplimiento de cada una de ellas.

Sin embargo, esta modificación planteaba obstáculos técnicos para la tecnología que Telefónica venía utilizando. Su sistema se apoyaba en soluciones desarrolladas por Attenti Group, una compañía israelí especializada en dispositivos de vigilancia electrónica.

La empresa española trasladó al Ministerio sus reservas sobre la viabilidad de esa funcionalidad, según reconoció posteriormente la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Igualdad, por su parte, encargó un análisis del mercado tecnológico y concluyó que existían alternativas capaces de cumplir los nuevos requisitos.

Fuentes citadas por The Objective sostienen que los supuestos de víctimas sometidas simultáneamente a órdenes de alejamiento contra varios agresores son prácticamente inexistentes. Pese a ello, el Ministerio mantuvo una exigencia que suponía una modificación relevante respecto al sistema anterior.

Telefónica finalmente optó por no presentar ninguna propuesta, aunque no ha explicado públicamente las razones concretas de su retirada. Al concurso concurrieron dos ofertas, pero una de ellas fue retirada poco después, por lo que el procedimiento terminó desembocando en la adjudicación a Vodafone y Securitas Direct.

El cambio de adjudicatario quedó aprobado el 11 de octubre de 2023, cuando Irene Montero continuaba al frente de Igualdad en funciones. La formalización llegó en noviembre, dando paso a la sustitución del operador que había gestionado hasta entonces el servicio.

Del presupuesto inicial de 42,6 millones, aproximadamente 4,6 millones procedían de financiación europea destinada a la adquisición de 22.800 dispositivos telemáticos. Precisamente la utilización de estos fondos es uno de los aspectos vinculados a las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea.

El procedimiento también ha quedado bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas. En un informe aprobado en septiembre, el organismo fiscalizador examinó tres contratos adjudicados entre 2018 y 2023, cuyo importe conjunto ascendía a 102,6 millones de euros, e identificó importantes deficiencias en la planificación y supervisión del servicio.

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