La ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha revelado que recibió advertencias sobre las posibles consecuencias de investigar los gastos de Iñaqui Carnicero, alto cargo del Ministerio y persona próxima al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La expresidenta de Adif, investigada judicialmente en el marco del caso Koldo, asegura que solicitó documentación sobre los viajes y desembolsos del entonces director general de Agenda Urbana y Arquitectura y que fue destituida apenas una semana después de recibirla. «Básicamente es ten cuidado porque puedes tener problemas, Isabel», ha relatado en una entrevista concedida a ABC.
Pardo de Vera ha explicado que las primeras sospechas surgieron después de que varios integrantes del equipo de Carnicero le trasladaran su malestar por el volumen de gastos que, según denunciaban, estaba comprometiendo el funcionamiento habitual de su departamento. Ante estas quejas, decidió reclamar información a sus superiores, entre ellos el entonces subsecretario Jesús Gómez y el secretario general de Arquitectura y Vivienda, David Lucas.
La antigua responsable de Transportes sostiene que la documentación tardó varios meses en llegar a sus manos y que durante ese periodo percibió importantes reticencias dentro del Ministerio. Según su testimonio, algunos responsables le advirtieron de que estaba investigando a una persona especialmente protegida por su cercanía al presidente del Gobierno. «Había algún temor a algún tipo de penalización», ha señalado, antes de explicar que consideraba necesario esclarecer el destino de esos fondos públicos.
Finalmente, cuando consiguió acceder a los justificantes, apenas tuvo ocasión de examinarlos. «Prácticamente no me da tiempo a analizarlos porque me los pusieron encima de la mesa y me comunican mi cese», ha afirmado. Pardo de Vera sitúa ambos acontecimientos en un intervalo aproximado de siete días, aunque no aporta pruebas concluyentes de que la solicitud de información fuera la causa directa de su destitución, producida en febrero de 2023.
La ex secretaria de Estado también ha cuestionado la explicación oficial de su salida, vinculada entonces a la controversia por los trenes de ancho incorrecto encargados para Asturias y Cantabria. A su juicio, aquel episodio fue utilizado como pretexto para apartarla del cargo. «Esa fue una causa inventada», ha asegurado, al tiempo que relaciona su destitución con otras decisiones adoptadas durante su etapa al frente de la Secretaría de Estado.
Entre ellas destaca el cese de Javier Herrero, entonces director general de Carreteras, al que se vincula con Santos Cerdán y Koldo García. Pardo de Vera ha defendido que pretendía modificar el funcionamiento de ese departamento porque consideraba que mantenía prácticas propias de una estructura administrativa anticuada. No obstante, ha reconocido que no disponía de indicios concretos de corrupción contra Herrero, pues, de haberlos tenido, asegura que los habría denunciado.
La entrevista también aborda su situación judicial por la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, y las presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública. Pardo de Vera niega haber intervenido de manera irregular en aquella incorporación laboral y sostiene que, cuando conoció la relación sentimental de Rodríguez con Ábalos, comunicó personalmente al exministro que su contrato no tendría continuidad.
Respecto a los presuntos amaños en Adif, la antigua presidenta del organismo ferroviario ha rechazado las acusaciones y ha defendido los mecanismos de control de las licitaciones. También ha relatado que Koldo García propició encuentros con el empresario José Ruz dentro del Ministerio, una situación que asegura haber terminado rechazando. Pardo de Vera insiste en que su trayectoria estuvo marcada por los enfrentamientos con el entorno del exasesor ministerial y recuerda las palabras que este utilizó para referirse a ella: «Una hija de puta que lo ha bloqueado todo».
La ex alto cargo mantiene su inocencia y confía en que la investigación judicial permita esclarecer su actuación. Entretanto, sus declaraciones introducen nuevas preguntas sobre las circunstancias de su destitución y sobre las advertencias que, según su versión, recibió cuando intentó fiscalizar los gastos de un alto cargo próximo a Sánchez.
