La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha denunciado la existencia de una estrategia «pausada pero constante» para reducir la presencia de la Guardia Civil en Cataluña y ha reclamado al Ministerio del Interior mayor transparencia sobre la reorganización de unidades y efectivos en la comunidad.
Jucil sostiene que las explicaciones ofrecidas por la Dirección Adjunta Operativa recurren a expresiones como «optimización de recursos» y «reorganización de unidades» para justificar decisiones que, a su juicio, implican una pérdida de presencia territorial, capacidad operativa y arraigo de la Benemérita.
La asociación centra parte de sus críticas en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ante la previsión de suprimir patrullas en Puigcerdá, Ponts y La Pobla de Segur, en Lérida, además de Falset, en Tarragona. Jucil denuncia cierres de unidades en Cataluña y considera que mantener el mismo número provincial de especialistas no garantiza una cobertura efectiva en las zonas rurales y de montaña.
La organización considera especialmente preocupante esta situación en un contexto marcado por los incendios forestales y la presión ambiental. Según los datos incluidos en su comunicado, Cataluña acumula en 2026 más de 4.500 hectáreas afectadas por el fuego, después de que 2025 concluyera con uno de los peores balances de la última década.
A juicio de Jucil, concentrar especialistas en las capitales puede incrementar los tiempos de respuesta y reducir la capacidad preventiva en áreas alejadas de los principales núcleos urbanos. La asociación sostiene que la pérdida de presencia rural de Guardia Civil afecta especialmente a la prevención de delitos medioambientales y a la respuesta ante emergencias.
La denuncia también alcanza a unidades especializadas del litoral. Jucil critica la supresión de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de Estartit y la integración de sus efectivos en otros núcleos, así como el cierre del Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex) de Tarragona.
La asociación recuerda que el GEAS de Estartit estaba operativo desde 1998 y participaba en rescates, búsquedas de personas, vigilancia del medio marino, protección del patrimonio subacuático y lucha contra el furtivismo. Jucil alerta del repliegue de unidades especializadas y advierte de sus posibles consecuencias sobre la seguridad del litoral gerundense.
La centralización de efectivos en Barcelona ha generado preocupación entre municipios de la zona por los tiempos de respuesta en puntos como las islas Medas, el cabo de Creus y el Bajo Ampurdán, áreas con elevada actividad turística, náutica y subacuática.
Jucil cuestiona además la falta de información sobre las decisiones adoptadas en las Juntas de Seguridad entre Interior y la Generalitat. La asociación asegura que el Estado Mayor reconoció no tener constancia formal de la remisión de sus actas a la Dirección General de la Guardia Civil.
La organización reclama también datos detallados sobre el catálogo de puestos y su grado de ocupación efectiva en Cataluña. La asociación exige transparencia sobre efectivos y competencias y afirma que seguirá vigilando cualquier nuevo repliegue territorial.
Finalmente, Jucil cuestiona las informaciones oficiales sobre una eventual transferencia de competencias en puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra y advierte de que permanece pendiente de posibles cambios previstos para noviembre.
