
La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha alertado de que el litoral de la Región de Murcia, especialmente la zona de Cartagena, se está convirtiendo en la «nueva costa andaluza» para las organizaciones criminales dedicadas tanto al narcotráfico como al traslado de inmigrantes ilegales mediante las denominadas pateras taxi.
La organización sostiene que la costa murciana se ha transformado en un auténtico «coladero» como consecuencia de la falta de medios humanos y materiales y de la creciente capacidad operativa de las mafias que actúan en el Mediterráneo.
JUCIL ha cargado además contra las afirmaciones del delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, quien aseguró recientemente que los recursos destinados a la región eran suficientes. Para la asociación, ese discurso constituye una «ficción institucional» que contrasta con la situación que viven diariamente los agentes desplegados sobre el terreno.
Según los representantes de los guardias civiles, las unidades trabajan en muchos casos con plantillas insuficientes y con una creciente carga de trabajo derivada del tráfico de drogas, la inmigración ilegal y otros dispositivos de seguridad.
JUCIL también ha cuestionado la gestión de los medios marítimos por parte del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno. La asociación critica que se estén desplazando patrulleras procedentes de otras provincias, como Cádiz o Barcelona, o reparando de manera urgente determinadas embarcaciones para cubrir las necesidades de Murcia.
A su juicio, estas decisiones constituyen simples «parches y remiendos», ya que obligan a reducir recursos en otros puntos del país sin proporcionar a la Región de Murcia una dotación estable y suficiente.
La situación resulta especialmente delicada durante los servicios nocturnos. JUCIL asegura que algunas demarcaciones quedan cubiertas con efectivos mínimos, lo que dificulta la llegada de refuerzos cuando se producen intervenciones simultáneas.
La asociación ha citado como ejemplo un incidente registrado la pasada semana, cuando dos guardias civiles resultaron ilesos después de que unos delincuentes embistieran contra ellos. El apoyo de otras patrullas no pudo llegar con rapidez porque los agentes disponibles se encontraban atendiendo otros servicios urgentes.
Entre ellos figuraba la custodia de una víctima de violencia de género considerada de riesgo extremo.
La asociación denuncia además que el incremento de las llegadas ilegales genera posteriormente una importante carga de trabajo para los cuerpos de seguridad. Según JUCIL, buena parte de los adultos que desembarcan irregularmente terminan quedando en libertad tras las correspondientes actuaciones policiales, en muchos casos sin redes de apoyo ni una incorporación inmediata al mercado laboral.
La organización advierte de que esta situación puede aumentar la presión sobre los servicios públicos y generar nuevos problemas de seguridad ciudadana. Por ello, reclama una ampliación real de las plantillas de la Guardia Civil en Murcia y el envío permanente de medios marítimos y materiales modernos.
JUCIL advierte de que, si no se adoptan medidas estructurales, la Región de Murcia corre el riesgo de quedar «a merced de las redes delictivas» que utilizan su litoral como nueva vía de entrada para el narcotráfico y la inmigración ilegal.