Junts ha cifrado este jueves entre 150 y 200 las personas que considera que ahora quedan incluidas la ley de amnistía acordada entre su partido, el PSOE y ERC. Desde la formación han asegurado que con la redacción anterior de la norma, a la que Junts se opuso, estas personas, sobre todo las vinculadas con el caso Tsunami Democràtic y Voloh estaban «a disposición de que un juez les investigara y les pudiera imputar terrorismo».
«Ahora pueden estar más tranquilas. Pueden tener la tranquilidad de que, desde un punto de vista normativo y legal, estarán cubiertas. A partir de aquí, los jueces harán lo que consideren», añaden. La voluntad de la negociación, apuntan las citadas fuentes, era tapar «fugas de agua» que opinan que tenía el anterior redactado y que nadie quedara atrás.
De hecho, aseguran que el expresidente de la Generalidad y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, fue el primero en mantener que no volvería «nunca» a Cataluña si había gente que ayudó y colaboró que quedaba fuera de la aplicación de la ley. Más allá de que augure que Puigdemont podrá volver en julio a Cataluña, ha aclarado que él y el resto de afectados gestionarán su posible retorno como quieran y tomarán sus decisiones.
Pese al enfado que provocó en el PSOE y ERC el «no» de Junts a la votación inicial, reivindican los cambios logrados, negando así que hayan hecho «una reforma estética o superficial» para conectar la amnistía con el derecho internacional y desconectarla de los límites del Código Penal español, precisan.
Además de defender el valor de las recomendaciones del informe de la Comisión de Venecia, ha explicado que el equipo jurídico de Junts, encabezado por Gonzalo Boye y el exdiputado de Junts en el Congreso y jurista Josep Pagès, han sido los responsables de negociar con republicanos y socialistas.
Para desencallar la negociación, el secretario general de Junts, Jordi Turull, envió un mensaje el pasado domingo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y acordaron hablar el lunes. «Nunca se discrepó del objetivo final», destacan las fuentes de Junts, que aseguran que también contactaron con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que les emplazó a ponerse de acuerdo con los republicanos.
Tras ello, los equipos jurídicos de Junts y ERC se pusieron en contacto y lograron «en dos días» un redactado que, posteriormente, avalaron los socialistas, más allá de pequeños cambios gramaticales y de vocabulario no sustanciales del texto.
