La llegada de 200 inmigrantes subsaharianos a Tossa de Mar, procedentes de las Islas Canarias y en condición de solicitantes de asilo, ha generado un fuerte malestar en Junts per Catalunya. A pesar de que el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña fue uno de los puntos clave en las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez, este acuerdo aún no se ha materializado. Además, el partido de Carles Puigdemont asegura no haber sido consultado ni informado sobre la reubicación de estos inmigrantes ilegales en un municipio gobernado por ellos.
El portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha presentado una serie de 17 preguntas tanto en el Congreso como en el Senado para obtener claridad sobre este tema. En estas preguntas, exigen saber quién es el «responsable máximo» de la distribución de migrantes provenientes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, y piden mayor transparencia respecto a los criterios utilizados para dicha reubicación. También denuncian que las autoridades municipales no fueron notificadas con la debida antelación sobre la llegada de estas personas.
El alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, también se ha manifestado en contra de esta decisión, argumentando que la llegada de un gran número de migrantes está perjudicando al turismo local, una de las principales fuentes de ingresos del municipio, ya que se han producido cancelaciones en reservas de hospedaje en plena temporada alta.
La indignación de Junts se hace aún más evidente en preguntas como si el Gobierno tiene intención de llegar a consensos con los territorios receptores de migrantes o si continuará tomando decisiones sin consultar a las autoridades locales. Además, el partido solicita información sobre si las comunidades autónomas están recibiendo subvenciones extraordinarias para la acogida de los migrantes, y si se espera que lleguen más personas a Cataluña en los próximos meses.
