La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge la próxima semana un juicio contra una organización, conformada por nueve individuos, todos originarios de Marruecos, que organizaba viajes de inmigrantes hasta Canarias y desde el propio archipiélago al resto de España.

El escrito de acusación señala que dos de ellos dirigían la red y hacían de intermediarios con las redes criminales que organizaban salidas en patera desde las costas africanas.

El sistema consistía en traer a Canarias «de modo paralelo y subrepticio» sus pasaportes y documentos de identidad con un precio por el que cobraban entre 600 y 1.000 euros por cada inmigrante, con el compromiso de facilitar a sus titulares su salida de España hasta terceros estados de la Unión Europea, bien utilizando estos documentos o bien confeccionando otros.

Incluso se captaba a muchos menas que se encontraban ingresados en centros de menores y se utilizaba la documentación para darles salida a otras provincias españolas. El ‘cabecilla’ mantenía contacto telefónico con las organizaciones criminales en Marruecos y —aunque había distintas tarifas para los viajes— se llegaba a cobrar hasta 4.000 euros por inmigrante ilegal.

Dos miembros de la red se encargaban de captar en Canarias a inmigrantes que querían salir de las islas y otro de trasladar los pasaportes originales de los clientes de la organización para que no los llevasen consigo durante su travesía marítima en las pateras. El resto de miembros de la organización colaboraba con la compra de billetes aéreos, cobraba por los servicios y entregaba la documentación.

Para evitar ser detectados, el ‘cabecilla’ de la mafia llegó a usar hasta cuatro identidades diferentes y acompañaba a los inmigrantes en algunos viajes dando instrucciones para pasar desapercibidos y asegurarse de la devolución de la documentación ilícita para volver a reutilizarla con otros inmigrantes previamente captados.

Los servicios prestados a los inmigrantes a los que se les facilitaba la documentación falsa eran abonados la mayoría de las veces con ingresos en efectivo en las cuentas bancarias tituladas por los jefes de la organización criminal. Se han detectado hasta más de 20.000 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración ilegal y otro continuado de falsificación de documentos públicos, pide penas acumuladas de hasta 34 años para todos los miembros de la organización, y solicita la incautación del dinero localizado en las cuentas bancarias.