Las propias administraciones públicas han destinado más de 2,4 millones de euros en lo que va de 2026 a proteger sus inmuebles frente a okupaciones ilegales, mediante puertas reforzadas, paneles de seguridad, alarmas y servicios de vigilancia. La cifra contrasta con el discurso mantenido desde el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha rechazado en reiteradas ocasiones presentar la okupación como uno de los grandes problemas del mercado de la vivienda.
Según las licitaciones recopiladas por Libertad Digital en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ayuntamientos y empresas públicas de vivienda están pagando cuantiosas cantidades precisamente para impedir que sus propios edificios sean ocupados. La factura acumulada de los contratos analizados alcanza los 2.451.054 euros.
1,18 millones sólo en Sevilla
El contrato de mayor cuantía corresponde a la Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa). La sociedad pública sacó a licitación el pasado 22 de mayo un contrato por 1.189.000 euros destinado al alquiler e instalación de «protecciones antivandálicas y alarmas» en sus inmuebles. En Mataró, la empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró (Pumsa) anunció otro contrato por 660.000 euros.
En este caso, el objeto de la licitación resulta particularmente explícito: instalar y mantener sistemas de protección destinados a «evitar posibles ocupaciones ilegales y actos vandálicos», además de proporcionar vigilancia mediante alarmas. Sólo entre ambas empresas municipales, la factura supera ya los 1,8 millones de euros.
Andalucía compra puertas antiokupación y alarmas
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) publicó a finales de mayo otra licitación por 360.000 euros. El contrato incluye directamente el suministro de «puertas antiocupación y alarmas», además de servicios de vigilancia sin armas. La empresa municipal de vivienda de Jerez de la Frontera, Emuvijesa, destinó por su parte 136.950 euros a un «servicio integral de seguridad preventiva frente a la intrusión y ocupación ilegítima».
El contrato comprende instalación, mantenimiento, retirada y reposición de sistemas físicos y electrónicos destinados a impedir el acceso a los inmuebles gestionados por la empresa pública.
Cataluña también blinda su vivienda pública
Las administraciones catalanas figuran igualmente entre las que han recurrido a este tipo de contratos. El Ayuntamiento de Barberà del Vallès publicó en febrero una licitación por 52.160 euros para alquilar puertas de seguridad, paneles antiocupación y alarmas contra intrusiones.
Un mes antes, la sociedad municipal Prat Espais, dependiente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, había licitado otros 52.944 euros para instalar puertas y diferentes sistemas de seguridad en los inmuebles bajo su gestión. En todos los casos, las administraciones reconocen a través de sus propios contratos la necesidad de evitar entradas ilegítimas, proteger viviendas vacías y reaccionar rápidamente ante posibles ocupaciones.
Más de 2,4 millones en seis contratos
La suma de las seis licitaciones analizadas asciende a 2.451.054 euros:
- Emvisesa, Sevilla: 1.189.000 euros.
- Pumsa, Mataró: 660.000 euros.
- AVRA, Andalucía: 360.000 euros.
- Emuvijesa, Jerez: 136.950 euros.
- Prat Espais, El Prat de Llobregat: 52.944 euros.
- Barberà del Vallès: 52.160 euros.
Son contratos sufragados con recursos públicos destinados expresamente a proteger patrimonio de las administraciones frente a okupaciones, intrusiones y actos vandálicos.
