Las distintas administraciones públicas en España han destinado más de siete millones de euros a proteger viviendas y edificios públicos frente a la ocupación ilegal desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, informa Libre Mercado.

Según datos recopilados a partir de contratos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el gasto acumulado en medidas de seguridad contra la ocupación supera ya los 7,39 millones de euros, incluyendo sistemas de alarma, puertas antiocupación, cerramientos antivandálicos y servicios de vigilancia.

Entre los contratos adjudicados figuran numerosos servicios destinados a proteger inmuebles públicos vacíos o en proceso de adjudicación. Una de las empresas que más contratos ha recibido es VPSITEX España, encargada en varios casos del suministro e instalación de puertas y paneles antivandálicos para impedir ocupaciones.

También se han adjudicado contratos a compañías como Wallner Europa o Soluciones Técnicas del Metal, que han instalado sistemas de alarma, cerramientos metálicos y vigilancia en viviendas gestionadas por administraciones autonómicas y empresas públicas de vivienda.

El mayor contrato registrado en este periodo supera los 5,3 millones de euros y fue adjudicado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña para instalar puertas de seguridad, paneles antiocupación, alarmas y servicios de vigilancia en viviendas públicas.

Las medidas de protección contra la ocupación se han aplicado en diferentes territorios y administraciones, incluyendo empresas municipales de vivienda, organismos autonómicos y agencias públicas de gestión inmobiliaria.

Entre los contratos analizados aparecen actuaciones en ciudades como Jerez de la Frontera, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet o El Prat de Llobregat, donde se han instalado dispositivos para evitar ocupaciones en viviendas públicas vacías.

El cálculo total de los contratos licitados entre 2018 y 2024 alcanza 6,67 millones de euros, cifra a la que se suma el gasto realizado durante 2025, elevando el total por encima de los 7,3 millones de euros. Estos contratos incluyen desde cerramientos antivandálicos y puertas antiocupación hasta sistemas de alarma, vigilancia presencial y servicios de intervención inmediata.