La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa revelando posibles irregularidades en torno al llamado caso Koldo. El contenido de la agenda personal de Koldo García Izaguirre con el que cuenta la UCO sugiere que su implicación va más allá de la gestión de contratos públicos vinculados a mascarillas o a adjudicaciones de obras. Según los últimos informes de la UCO, también podrían haberse producido prácticas irregulares en la concesión de licencias de gasolineras y en asuntos relacionados con declaraciones fiscales.
Parte de esta nueva línea de investigación se centra en Navarra, comunidad con hacienda propia y actualmente gobernada por el PSOE en coalición con partidos nacionalistas. En ese contexto, la UCO ha identificado comunicaciones entre García y Antxón Alonso, empresario y persona del círculo de confianza del dirigente socialista Santos Cerdán. Uno de los correos recogidos por los agentes, fechado el 4 de enero de 2016, detalla el pago de 778 euros a García por conceptos como viajes, comidas y alquiler, lo que según los investigadores pone de manifiesto una relación económica continuada.
Además, se han hallado anotaciones en el teléfono móvil de García relacionadas con diversos asuntos de posible interés económico. Entre ellos figuran referencias a un proyecto denominado “Panadero”, vinculado a la empresa Servinabar, ya bajo sospecha en la trama de obras públicas, y a porcentajes por posibles adjudicaciones. En esas notas, se mencionan también citas con Alonso (“Guipu”), en las que Koldo dejó por escrito cuestiones como cuánto cobraría por conseguir obras, cómo recibiría esos pagos o qué porcentaje le correspondería si se materializaban licencias de gasolineras.
Otras anotaciones aluden a temas fiscales (“cómo vamos a solucionar la declaración de la renta”) y a una “fábrica de caza”, lo que indica una posible red de negocios más amplia. En una nota final, García incluso se dirige a Alonso exigiendo “hechos y respuestas, no palabras vanas”, subrayando la naturaleza comprometida de sus intercambios.
Estos elementos refuerzan la hipótesis de que la trama superaría la adjudicación de contratos sanitarios e implicaría estructuras de mediación para influir en decisiones administrativas y fiscales, bajo el amparo o conocimiento de figuras del PSOE. La investigación sigue su curso.
