El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación sobre el uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a la aerolínea Plus Ultra y el blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
Según ha informado el tribunal, el magistrado ha aceptado la competencia para instruir la causa en un auto en el que acuerda que la misma siga bajo secreto. El titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia ha reclamado además al juzgado de Madrid que investigaba hasta ahora el procedimiento que le remita todas las actuaciones. El caso acecha al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Cabe destacar que Calama investigará el caso actuando como titular de la Plaza 2, donde se instruye la causa, después que su compañero, el juez Ismael Moreno, se abstuviera en 2024. Fue entonces Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso —entendió que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo—.
La juez de Plaza de Castilla, que decidió inhibirse mientras la causa sigue bajo secreto, fue la que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez.
Según fuentes jurídicas, ese juzgado venía indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo. La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
Presentada contra siete personas por un delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. La constituirían —explicaba la AN en un auto al que tuvo acceso esta agencia de noticias— «personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español», y estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».