El juicio por la denominada «Operación Kitchen» entra esta semana en su recta final tras más de tres meses de sesiones en la Audiencia Nacional. Después de los informes finales de las defensas, los ocho acusados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra antes de que el procedimiento quede visto para sentencia.

La vista oral se reanuda este lunes con la intervención del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, quien abrirá la última ronda de alegatos de las defensas. A continuación será el turno de los representantes legales del comisario Andrés Gómez Gordo y del exconductor de Luis Bárcenas, Sergio Ríos. Está previsto que estos informes concluyan el miércoles y que el jueves los acusados intervengan por última vez ante el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios.

El procedimiento judicial analiza unos hechos que se remontan a 2013, cuando, según sostiene la Fiscalía, desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy se habría puesto en marcha un operativo policial clandestino con el objetivo de obtener documentación comprometedora que conservaba el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. De acuerdo con la acusación, esa operación pretendía sustraer información relacionada con el caso Gürtel y dificultar el avance de las investigaciones sobre la supuesta contabilidad paralela del PP.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el principal responsable del operativo fue el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien solicita la mayor condena de todo el procedimiento: 19 años de prisión por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, revelación de secretos y cohecho pasivo.

El fiscal César de Rivas sostiene que Villarejo captó como confidente al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, con el propósito de acceder a documentación sensible sobre la trama Gürtel que pudiera comprometer al Partido Popular y a sus principales dirigentes. Según el Ministerio Público, la información obtenida era trasladada al entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quienes, presuntamente, mantenían informado al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

La semana pasada comparecieron precisamente las defensas de Fernández Díaz, Martínez y Pino, que rechazaron de plano la existencia de una trama de espionaje político. Su tesis es que el dispositivo investigado fue un operativo de inteligencia plenamente legal cuyo único objetivo era localizar el patrimonio oculto de Luis Bárcenas y comprobar si mantenía fondos fuera de España.

Uno de los principales puntos de confrontación durante el juicio ha sido el valor probatorio de las agendas y grabaciones de José Manuel Villarejo. Para la Fiscalía constituyen el eje central de la acusación, al reflejar el desarrollo de la operación y la implicación de todos los acusados. De Rivas llegó a afirmar que, aunque Villarejo podía exagerar cuando hablaba con terceros, en sus anotaciones personales plasmaba «exactamente lo que estaba viviendo».

Las defensas, por el contrario, cuestionan la fiabilidad de ese material y sostienen que tanto las agendas como las grabaciones son documentos de carácter subjetivo que no pueden considerarse una prueba concluyente de los hechos investigados.

Además de los 19 años que reclama para Villarejo, la Fiscalía solicita 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Para Sergio Ríos reclama 12 años y medio de cárcel y la nulidad de su ingreso en la Policía Nacional, al considerar que obtuvo la plaza como contraprestación por su colaboración en la operación. La menor petición de condena corresponde al exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, para quien el Ministerio Público solicita dos años y medio de prisión por delito de encubrimiento.

En cambio, la situación del exjefe de la UDEF José Luis Olivera sigue generando discrepancias entre las partes. Mientras la Fiscalía pidió el archivo de la causa respecto a él, la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, y las acusaciones populares representadas por PSOE y Podemos mantienen su petición de condena.

Con la fase de informes prácticamente concluida y a falta de la última palabra de los acusados, el juicio afronta sus últimos compases antes de que la Audiencia Nacional inicie la deliberación que desembocará en una de las sentencias más relevantes sobre las actuaciones policiales vinculadas al caso Gürtel.