La Audiencia Nacional está investigando las relaciones de Forestalia con dirigentes del PSOE de Aragón en el marco de una causa que apunta a una presunta red de favores políticos vinculados a la expansión de parques eólicos en la comunidad. Las pesquisas, desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, analizan si la compañía de renovables recurrió a la contratación de cargos públicos locales para facilitar autorizaciones administrativas en distintos municipios, según ha adelantado El Confidencial.

La investigación se integra en el denominado caso Leire, que salió a la luz el pasado 10 de diciembre tras varias detenciones relacionadas con supuestas irregularidades en la concesión de ayudas públicas. Entre los arrestados figuran una conocida operadora del PSOE, un expresidente de la SEPI y un empresario vinculado a una constructora navarra. En ese contexto, una filial de Forestalia habría recibido más de 17 millones de euros en subvenciones públicas tras gestiones políticas que ahora están bajo sospecha judicial.

Las diligencias se tramitan bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigido por el magistrado Santiago Pedraz. Según fuentes próximas a la causa, el presidente de Forestalia también figura como investigado, junto a un intermediario empresarial al que se atribuye la supuesta canalización de pagos irregulares. No obstante, los investigadores consideran que el entramado político-empresarial va mucho más allá de este episodio concreto.

Uno de los focos de atención se sitúa en varios municipios de Teruel y Huesca, donde dirigentes socialistas han mantenido vínculos societarios o profesionales con empresas del grupo Forestalia. En algunos casos, cargos electos locales aparecen como apoderados de mercantiles vinculadas al desarrollo eólico, al tiempo que en sus términos municipales se autorizaban nuevos proyectos energéticos.

El despliegue más ambicioso de la compañía es el conocido como Clúster del Maestrazgo, un macroproyecto que prevé la instalación de hasta 22 parques eólicos en el este de la provincia de Teruel. Esta iniciativa arrancó durante el anterior Gobierno autonómico y ha sido objeto de duras críticas por parte de formaciones políticas que denuncian un trato preferente desde las instituciones.

Las comarcas afectadas, muchas de ellas marcadas por la despoblación, han visto llegar los aerogeneradores acompañados de promesas de desarrollo y empleo. Sin embargo, el negocio generado en torno a estos proyectos ha despertado comparaciones con el modelo del urbanismo intensivo del Levante durante el auge inmobiliario, por su estrecha relación con el poder político y administrativo.

La investigación también examina contratos de obra pública adjudicados a empresas relacionadas con ediles socialistas y su posterior conexión con personas imputadas en la causa. Algunas de estas constructoras han participado en uniones temporales de empresas que han recibido adjudicaciones relevantes en Aragón, alimentando las sospechas sobre un posible intercambio de favores.

Más allá del ámbito municipal, los vínculos se extienden a antiguos altos cargos del Gobierno autonómico, que tras dejar sus responsabilidades públicas pasaron a colaborar como asesores o directivos de Forestalia. Entre ellos figuran perfiles del entorno socialista con experiencia en Derecho Administrativo y en la gestión institucional, algunos de los cuales también mantienen relaciones profesionales con grandes multinacionales tecnológicas interesadas en el suministro energético.

Forestalia, fundada en 2011, ha destacado por su rapidez para sacar adelante proyectos eólicos en un sector altamente regulado. La construcción de estos parques exige no solo permisos urbanísticos, sino también evaluaciones ambientales favorables y autorizaciones estatales para la conexión a la red eléctrica, lo que convierte el respaldo político en un factor clave.

Por ese motivo, los investigadores subrayan que la compañía ha cultivado relaciones transversales con dirigentes de distintos partidos. Además del PSOE, en su estructura han figurado antiguos responsables del PAR, de la Chunta Aragonesista, del PP e incluso exconsejeros catalanes, configurando una red de apoyos políticos que ahora está siendo analizada en sede judicial.

La causa sigue abierta y las pesquisas continúan para determinar si estas conexiones influyeron de forma irregular en la concesión de licencias, subvenciones o contratos públicos relacionados con el despliegue masivo de energía eólica en Aragón.