La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sigue pudiendo multar con hasta 300.000 euros a los municipios que limpien o desbrocen los cauces de vegetación sin la autorización preceptiva.

Más de un año y medio después de la DANA de octubre de 2024, la normativa del Reglamento del Dominio Público Hidráulico no ha cambiado: cualquier actuación que implique desbroce, poda, retirada de vegetación o alteración del cauce y de la zona de policía requiere permiso (o, en casos muy concretos, declaración responsable) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Actuar sin él se considera una infracción administrativa y puede acarrear sanciones de hasta 300.000 euros, según la gravedad y los daños valorados.

La CHJ mantiene su criterio técnico de que la vegetación de ribera puede contribuir a ralentizar las avenidas y reducir el impacto de las crecidas aguas abajo. Por eso no favorece limpiezas masivas e indiscriminadas. Sin embargo, en la práctica sí autoriza de forma habitual trabajos de mantenimiento selectivo: desbroces, retirada de especies invasoras (especialmente la caña Arundo donax), poda y eliminación de elementos obstructivos. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 concedió 179 autorizaciones de este tipo, y a finales de 2025 había vigentes más de 300 en toda su demarcación, la mayoría ejecutadas por ayuntamientos.

El asunto vuelve a cobrar relevancia en 2026 no sólo por el riesgo de inundaciones en invierno, sino también por el de incendios. La vegetación densa y seca que se acumula en muchos cauces, ramblas y barrancos —sobre todo las cañas invasoras— actúa como un auténtico corredor de fuego. En periodos de sequía y altas temperaturas, estos tramos se convierten en vías de propagación de incendios forestales que pueden saltar fácilmente a zonas urbanas o a masas forestales. Varios alcaldes y técnicos municipales insisten en que una limpieza autorizada y selectiva reduciría tanto el peligro de riadas como el de incendios, pero denuncian que los trámites siguen siendo lentos y burocráticos.

Algunos municipios, especialmente en Alicante y Valencia, han vuelto a solicitar permisos de forma reiterada o, en casos puntuales, a actuar por su cuenta alegando «urgencia» y «dejadez» de la Confederación. La CHJ responde que ya otorga centenares de autorizaciones al año y que las intervenciones deben respetar criterios ambientales y de continuidad fluvial.

Así, en pleno verano de 2026, el debate sigue abierto: la amenaza de multa de hasta 300.000 euros permanece intacta para quien limpie sin permiso, mientras el riesgo combinado de inundaciones e incendios mantiene la presión sobre un sistema de autorizaciones que muchos consideran demasiado rígido.