La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha abierto un expediente administrativo para revisar la documentación relacionada con la venta de ocho buques militares de España al régimen de Hugo Chávez, un contrato firmado en 2005 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con José Bono al frente del Ministerio de Defensa. La revisión se produce tras una solicitud de acceso a documentos presentada ante la agencia estadounidense, que ha obligado a comprobar si existen archivos vinculados a aquella operación naval y a los empresarios que participaron como intermediarios.
La petición figura en el registro de casos tramitados dentro del sistema de transparencia estadounidense conocido como Freedom of Information Act (FOIA), la ley que permite solicitar a las agencias federales la revisión de documentos oficiales. En ese listado aparece una solicitud que menciona a los empresarios venezolanos Pedro Enrique Malavé Benavides y Juan Rafael Carvallo López, ambos relacionados con la compañía Rebazve Holding, que intervino como intermediaria en el contrato naval, detalla The Objective.
A partir de esa solicitud, la CIA ha tenido que abrir un procedimiento interno, asignar un número de caso y revisar sus archivos para determinar si existen documentos vinculados a esas personas o al acuerdo firmado entre España y Venezuela. El proceso incluye evaluar si alguno de esos documentos puede ser desclasificado y difundido de forma total o parcial, siempre que su publicación no comprometa fuentes, métodos de inteligencia o información sensible para la seguridad nacional estadounidense.
El contrato al que hace referencia la solicitud se firmó en 2005 y contemplaba la construcción de ocho buques por parte de Navantia para la Armada venezolana: cuatro buques de vigilancia oceánica y cuatro patrulleras de vigilancia litoral. El acuerdo superó los 1.200 millones de euros, lo que lo convirtió en uno de los mayores contratos internacionales de la industria naval española durante la primera década del siglo XXI.
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero defendió entonces la operación como un acuerdo industrial destinado a garantizar carga de trabajo en los astilleros públicos y reforzar la presencia internacional de Navantia. Según sostuvo el Gobierno en aquel momento, el contrato permitiría asegurar varios años de actividad en los centros de producción naval españoles, que atravesaban una etapa de incertidumbre tras la reestructuración del antiguo grupo público Izar.
La operación incluyó también la intervención de intermediarios. Antes de formalizar el acuerdo definitivo, Navantia firmó un contrato de mediación con Rebazve Holding que contemplaba el pago de una comisión cercana al 3,5% del valor total del contrato. En una operación que superaba los 1.200 millones de euros, esa comisión se situaba en torno a los 42 millones. Los empresarios mencionados en la solicitud registrada ante la CIA estaban vinculados precisamente a esa compañía.
Con el paso del tiempo, esas comisiones dieron lugar a investigaciones judiciales en España sobre el papel de los mediadores y sobre la estructura societaria utilizada para canalizar los pagos.
Desde el primer momento, la venta de buques a Venezuela generó incomodidad en Washington. En 2005 las relaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de Hugo Chávez atravesaban una etapa de creciente tensión política, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a seguir con atención cualquier acuerdo militar que pudiera reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Documentos diplomáticos publicados posteriormente revelaron que la Embajada de Estados Unidos en Madrid trasladó al Gobierno español su preocupación por la operación. Según esas comunicaciones, responsables del Ministerio de Defensa aseguraron a los diplomáticos estadounidenses que los buques vendidos a Venezuela eran patrulleros sin capacidad ofensiva y que no estarían equipados con misiles.
El contrato naval formaba parte inicialmente de un paquete militar más amplio que incluía también la venta de doce aviones de transporte militar y vigilancia marítima. Sin embargo, esa parte del acuerdo quedó bloqueada cuando Washington se negó a autorizar la exportación de tecnología estadounidense incorporada en las aeronaves. Sin esa licencia, España tuvo que retirar los aviones del acuerdo final y limitar la operación a la construcción de los ocho buques.
El origen de la operación se remonta a la visita de Hugo Chávez a España en 2004, cuando el líder venezolano estrechó sus contactos con el entonces ministro de Defensa, José Bono. El proyecto inicial contemplaba un paquete militar aún mayor —los doce aviones y los ocho buques— por un importe cercano a los 1.700 millones de euros, lo que provocó preocupación inmediata en Washington.
La presión estadounidense obligó finalmente a modificar el acuerdo. Los aviones quedaron fuera del contrato y, en el caso de los buques, se sustituyeron algunos componentes para evitar la transferencia de tecnología norteamericana. El contrato definitivo quedó fijado en 1.207 millones de euros. Años después trascendió que Caracas habría pagado en realidad 1.249 millones, una diferencia cercana a los 42 millones que coincidía con la comisión pactada con la empresa intermediaria Rebazve Holding.
Dos décadas después de aquella operación, la solicitud registrada ante la CIA y la revisión de sus archivos reflejan que el contrato naval firmado entre España y el régimen chavista continúa despertando interés fuera del ámbito político y judicial español. La investigación administrativa abierta por la agencia estadounidense deberá determinar ahora si existen documentos relacionados con los intermediarios y si alguno de ellos puede hacerse público.