La invasión inmigrante se nota no sólo en el transporte, sino, también, en la sanidad pública. Las Administraciones españolas, sobre todo las socialistas y separatistas, están regalando la atención sanitaria a cualquier persona que entre por la puerta de los hospitales públicos, venga de donde venga. En consecuencia, aumentan las listas de espera para operaciones y diagnósticos y las horas para ser atendido en urgencias.

La Comunidad de Madrid superó en 2025 el número de 150.000 pacientes ilegales; en concreto 150.726, según los datos del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud). Según los datos de cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS), Madrid concentra cerca de un tercio del total nacional de extranjeros no regularizados con «derecho» o acceso a las prestaciones sanitarias públicas. Se trata de la región que da cobertura sanitaria pública al mayor número absoluto de inmigrantes en situación ilegal en España. La Comunidad de Madrid también es la región española con mayor porcentaje de su población con seguros de salud privados, casi un 40%, cuando la media nacional, incluyendo los funcionarios de Muface, es de un 25%. 

Es la consecuencia de la sociedad multicultural, que la presidenta Ayuso define como «el Madrid de todos los acentos». La cobertura sanitaria universal a costa de los impuestos y la salud de los españoles la introdujo Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2010, poco antes de convocar elecciones forzado por la crisis. El Real Decreto-Ley 16/2012 del Gobierno de Rajoy (PP) retiró la tarjeta sanitaria a irregulares; sólo se atendía urgencias, embarazos y a menores de edad. Pero una cosa es lo que mandara el Gobierno nacional y otra lo que hicieran las comunidades autónomas, ocuparan sus gobiernos los socialistas, los nacionalistas o los populares.

En agosto de 2015, cuando la presidenta de la comunidad era Cristina Cifuentes (PP), el SERMAS pasó a garantizar la asistencia a las personas extranjeras en situación ilegal no aseguradas, incluida la prestación farmacéutica. Así, la memoria de 2016 del SERMAS dice que la sanidad pública atendió en ese año a 14.850 residentes en situación ilegal no asegurados.

Las sucesivas ampliaciones del «derecho a la asistencia sanitaria· hechas por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) en 2018, mediante el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), mediante resolución de mayo de 2023, ha llevado ha disparado el número de extranjeros en situación de residencia administrativa ilegal atendidos por los hospitales madrileños.

Según las memorias del SERMAS, en 2022, ese número fue de 73.419 personas. En 2023, creció un 30%: 96.223. En 2024, con un aumento de un 37%, escaló a 132.972. Y en 2025, llegó a 150.726, un 17% más que el año anterior. Es decir, entre 2016 y 2025, los inmigrantes ilegales, quienes no tienen derecho a estar en España, atendidos por la sanidad pública madrileña, se multiplicaron casi por once: de 14.850 a 150.726.

Los inmigrantes que el Gobierno de Sánchez saca en avión de Ceuta, de Canarias y de Baleares y los reparte por la Península, incluidos pueblos de la sierra de Madrid, también tienen «derecho» a ser tratados. Así como los que circulan en silla de ruedas por Barajas. En caso de encontrarse estas personas en situación de vulnerabilidad, su tratamiento tiene preferencia respecto a los españoles.

Todo esto repercute en los españoles, que son los que mantienen la red hospitalaria con sus impuestos. El tiempo medio de espera para una primera consulta (pediatría, oftalmología, traumatología, urología, etc) fue de 68 días en 2025, frente a 42 días en 2016. Los únicos que tienen “prioridad nacional” para tratarse en la sanidad madrileña son los políticos, como Pedro Sánchez, su familia y sus ministros. Por eso, mucha gente, aparte de abonar impuestos, paga la póliza de seguros privados.

«Efecto llamada» migratorio

Aparte de la avalancha de extranjeros, otro factor que explica el atasco es el bloqueo a la construcción de nuevos hospitales. En 2016, la red pública propia y concertada de utilización única del SERMAS contaba con 35 hospitales. En 2025, aunque se había incorporado el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la red se mantenía en 35 centros. Crece la población, pero no las instalaciones.

Lo que sí ha crecido es el presupuesto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la mayor partida de los presupuestos regionales. En 2016 el gasto fue 7.446 millones de euros; en 2025, ascendió a 10.462 millones de euros, casi un 40% de aumento. Y en 2026, creció más de un 5%, con lo que se situó en 11.009,5 millones. ¿En qué se gasta ese dinero? Desde luego no en médicos (aunque sí en convalidación de titulados extranjeros), material, ni nuevas instalaciones.

La situación se está degradando de manera acelerada, ya que el Gobierno de izquierdas dio a toda la humanidad la posibilidad de ser atendida gratis de cualquier problema de salud en España cuando en marzo pasado aprobó el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que, como dice su título, “se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español”.

La sanidad se ha convertido en un «efecto llamada» para extranjeros que acuden a España a usarla, sin haber aportado para su sostenimiento más que el IVA de los cafés, como dice el anuncio del Ministerio hecho para ellos. Los médicos denuncian que se les presentan pacientes de Asia o América con informes de médicos de sus países en la mano donde ponen el tratamiento a aplicarles. Cuando algún familiar o amigo se le queje de la cita para dentro de varios meses que le ha dado la consejería de sanidad de su comunidad autónoma, muéstrele el vídeo de Sanidad.