Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el 1 de junio de 2018, en España han entrado de forma ilegal 468.661 inmigrantes por mar y por tierra. Son 154 cada día durante más de ocho años. La cifra no procede de ninguna estimación interesada, sale directamente de los informes quincenales del propio Ministerio del Interior, de una sentencia judicial y de lo que el presidente ha reconocido en el Congreso. El problema es que el Gobierno sólo admite en su balance 383.661 accesos ilícitos a territorio español, los otros 85.000 existen, están reconocidos por las instituciones del Estado, pero no figuran en ninguna estadística oficial.
El 17 y el 18 de mayo de 2021 entraron en Ceuta unos 15.000 inmigrantes ilegales. Así lo declara probado la Audiencia Provincial de Cádiz en una sentencia de 2025. El balance de Interior de aquel año, sin embargo, atribuye a Ceuta 753 entradas por tierra y despacha el resto con un asterisco, según el cual los datos «no recogen la entrada de inmigrantes irregulares que se produjo los días 17 y 18 de mayo». Han pasado más de cinco años y esa cifra sigue sin incorporarse. Ni en el cierre de 2021, ni en las revisiones posteriores, ni en ninguno de los informes publicados desde entonces. Un tribunal ha sido capaz de fijar el dato y el Ministerio que custodia la frontera, no.
La exclusión no es un olvido de los primeros días. Es una decisión sostenida. Cada informe quincenal que se publica desde entonces repite la misma arquitectura: una cifra oficial de Ceuta que no llega al millar y una nota que reconoce que hubo otra entrada, pero que no la suma. El resultado es que 15.000 inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera española en 48 horas no existen para la estadística que el Gobierno enseña cuando habla de gestión. Existen para la Audiencia Provincial, existen para quienes las vieron entrar, pero no existen para el balance oficial del Gobierno de Sánchez.
Julio de 2026, la misma operación a mayor escala
Lo ocurrido este verano repite el patrón y lo agrava. El 30 y el 31 de julio se produjo en Ceuta la mayor entrada ilegal registrada en España a través de una invasión detonada por Marruecos contra nuestra integridad territorial. Interior habló primero de 50.000 invasores, el ministro Marlaska elevó la cifra a 72.000, un miembro del Gobierno llegó a hablar de 80.000 y Sánchez la dejó en 70.000 ante el Congreso. Cuatro cifras distintas para un mismo hecho y ninguna en el balance oficial del Ministerio del Interior. El último informe, cerrado a 30 de septiembre, vuelve a recurrir al asterisco. Primero la exclusión se justificó porque el episodio requería un «análisis específico» y ahora porque esas entradas «ya han sido objeto de triaje». Mientras tanto, el dato de Ceuta por tierra no se mueve desde agosto e incluso se ha corregido a la baja en casi un millar de registros.
Gracias a esa omisión, el Gobierno puede presentar 2026 como un año de descenso, con una falsa caída del 10,3%. Con Ceuta dentro, el año suma ya 94.646 entradas de enero a septiembre y es el peor de toda la etapa. Una estadística que deja fuera 70.000 cruces de frontera no mide la inmigración ilegal, la maquilla, y la distancia entre las dos lecturas no es un matiz técnico, es la diferencia entre un año que se vende como de contención y un año que, sumadas las entradas que el propio presidente ha reconocido en el Congreso, es el de mayor presión de todo su mandato.
Casi cinco pateras al día
Lo que Interior sí tiene publicado resulta igual de elocuente. Entre junio de 2018 y septiembre de 2026 han alcanzado las costas españolas 14.733 embarcaciones, casi cinco cada día. Canarias ha recibido 176.816 y el eje de la Península y Baleares otros 173.680. Sánchez estrenó mandato con el récord de la serie histórica, puesto que sólo en sus siete primeros meses entraron 53.659 inmigrantes ilegales. Después llegó la reactivación de la ruta canaria, que pasó de 2.687 entradas en 2019 a 46.843 en 2024.
En cuanto al origen, los datos de FRONTEX para las dos rutas que desembocan en España no dejan lugar a dudas. Marruecos encabeza la lista con el 24,8% de las detecciones, seguido de Argelia, con el 19,9%, Mali, con el 11,6%, Senegal, con el 11,2%, y Guinea, con el 6,5%. Los dos vecinos del sur, con los que este Gobierno presume de cooperación ejemplar, aportan casi la mitad del flujo. Y eso sin contar Ceuta, cuyas entradas masivas partieron de suelo marroquí. El acuerdo de readmisión y las partidas transferidas a Rabat no aparecen en estos porcentajes como un freno, sino que aparecen como el telón de fondo de una ruta que, cuando Rabat decide no contener, se convierte en la principal puerta de España.
España abre mientras Italia y Grecia cierran
La comparación con los socios mediterráneos desmonta la coartada de que se trata de un fenómeno europeo ante el que poco se puede hacer. FRONTEX registra 366.477 detecciones en las rutas españolas desde junio de 2018. En los 99 meses anteriores fueron 85.151. El volumen se ha multiplicado por 4,3. En ese mismo periodo, la ruta del Mediterráneo Central, la de Italia y Malta, ha descendido un 29%, y la del Mediterráneo Oriental, la de Grecia, un 70%. España es la única de las tres grandes puertas del sur que ha crecido. Antes de Sánchez representaba el 4% de las entradas por esas rutas y hoy representa el 28%.
En 2018, el año de su llegada, España se convirtió en la primera vía de entrada ilegal a Europa, por delante de Grecia e Italia. Volvió a superar a Italia en 2019 y 2020, y a Grecia en 2020 y 2021. Si a las detecciones de FRONTEX se añaden las 85.000 entradas de Ceuta, que la agencia tampoco contabiliza, el saldo español de estos ocho años rebasa al de toda la ruta oriental. No es que España reciba lo que los demás rechazan, es que España es el único de los tres que ha abierto la puerta mientras los otros dos la cerraban.
