Las cloacas y los fontaneros del PSOE colocaron en la diana a la juez que instruyó el caso del hermano de Sánchez, Beatriz Biedma, en el marco de una supuesta estrategia para proteger al Gobierno y al propio partido de las investigaciones judiciales que le afectan. La magistrada y su entorno familiar habrían sido objeto de seguimientos por parte de la trama, que buscaba información comprometedora con la que desacreditarla.
El objetivo, según las pesquisas conocidas, era encontrar cualquier elemento que pudiera ser utilizado contra la juez. Para ello, los miembros del entramado habrían tratado de reconstruir su vida personal y profesional, recabando datos sobre sus allegados e incluso vigilando espacios relacionados con sus hijas, incluido el entorno escolar.
Sin embargo, esas indagaciones no habrían arrojado resultados útiles para quienes pretendían erosionar su imagen. Biedma cuenta con una trayectoria profesional sin manchas conocidas, lo que obligó a la trama a buscar otras vías para intentar frenar o condicionar la instrucción del caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
En ese punto aparece Luis José Sáenz de Tejada, exjuez apartado de la carrera judicial tras ser condenado por amenazas a su exmujer. Biedma había intervenido en parte del procedimiento que terminó con su salida de la judicatura, una circunstancia que la trama habría intentado aprovechar para abrir un nuevo frente contra la magistrada.
La maniobra no se habría limitado a la búsqueda de información personal. Según las mismas informaciones, los implicados también intentaron personarse en la causa de David Sánchez con el propósito de acceder al procedimiento desde dentro y tratar de bloquear o entorpecer la instrucción. La Audiencia, no obstante, rechazó esa posibilidad.
Tras ese fracaso, el entramado habría recurrido a Joaquín Parra, expresidente del Badajoz condenado a siete años de prisión por estafa. La intención, según las acusaciones conocidas, era obtener de él contactos o información que permitieran seguir rastreando datos sobre la juez. A cambio, se le habrían ofrecido supuestos beneficios fiscales.
La figura de Leire Díez vuelve a aparecer en el centro de la controversia. En una entrevista concedida a El País, la exmilitante socialista intentó desvincular al PSOE de sus actuaciones y justificó sus palabras asegurando que había exagerado para ganarse la confianza de sus interlocutores. «Soy una bocazas», afirmó, al explicar que algunas expresiones respondían a la necesidad de generar credibilidad ante la persona que tenía enfrente.
Esa versión contrasta con lo que sostuvo Joaquín Parra tras la publicación de los primeros audios. El expresidente del Badajoz aseguró en varias entrevistas que aún conserva numerosas horas de grabaciones que, según él, demostrarían que Leire Díez tenía acceso a personas del poder, que recibía llamadas de Santos Cerdán y que la información terminaba llegando al PSOE.
La trama, según esta reconstrucción, habría actuado como una estructura orientada a proteger al entorno político de Pedro Sánchez frente a causas judiciales incómodas. Sus integrantes habrían tratado de obtener información sensible, presionar indirectamente a investigadores y jueces y condicionar procedimientos que afectaban al partido o a personas próximas al Gobierno.
