La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha denunciado en un informe que el Gobierno de Pedro Sánchez retiró pruebas esenciales antes de la visita de la delegación comunitaria enviada a Barbate (Cádiz) para esclarecer la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha. Entre las pruebas eliminadas se encontraba, según el documento, la patrullera que participó directamente en la operación del pasado febrero de 2024.

Ha llegado tras la petición de la Confederación Española de Policía en la que solicitaba que se les declarase profesión de alto riesgo —mediante una directiva— y que las agresiones contra policías fueron tipificadas como «eurodelitos».

El texto, fechado el 4 de noviembre de 2025, acusa al Ejecutivo español de obstaculizar la labor de la misión investigadora y de alterar el escenario de los hechos bajo las órdenes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para Bruselas, esta actuación constituye una grave falta de transparencia y un intento de entorpecer la búsqueda de responsabilidades sobre lo ocurrido en el litoral gaditano.

Además de denunciar la retirada de pruebas, el Parlamento Europeo censura otro movimiento del Gobierno: el ascenso, el pasado agosto, de los mandos policiales implicados en el operativo en el que perdieron la vida los agentes. La comisión considera este gesto una afrenta a las familias de las víctimas y una muestra de desprecio institucional hacia su dolor. El documento europeo «toma nota» de lo ocurrido y lo califica como una «decisión políticamente insensible».

El caso Barbate, convertido ya en un símbolo del desamparo que padecen las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico del sur peninsular, ha vuelto a evidenciar la falta de medios y de respaldo político que sufren quienes combaten a los clanes del Estrecho. Desde Bruselas se insiste en que el comportamiento del Ministerio del Interior agrava la percepción de abandono institucional que denuncian los agentes.

En paralelo, el informe reclama medidas urgentes a nivel europeo. Los eurodiputados piden que los ataques contra policías y guardias civiles sean considerados «eurodelitos» con penas más severas, y solicitan que se reconozca oficialmente la labor de estos cuerpos como una profesión de alto riesgo. También instan a la Comisión Europea a elaborar una directiva que garantice protección jurídica y cobertura económica plena a los agentes cuando hagan uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de su deber.