La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado la devolución de 113.509,32 euros en el marco de la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de apropiación indebida relacionado con el software desarrollado para su cátedra, según avanza El Español.

Según consta en un escrito presentado el pasado 13 de mayo ante el juzgado instructor, la universidad considera que dicha cantidad corresponde al supuesto perjuicio económico derivado de la utilización del sistema informático vinculado a la cátedra que Gómez codirigió hasta 2024. La reclamación económica quedaría condicionada a una eventual condena judicial firme.

La UCM, personada en la causa como actor civil, sostiene que el software fue desarrollado mediante la participación de varias empresas y con recursos propios de la universidad. Entre las compañías colaboradoras figuraron entidades privadas que participaron de forma altruista, así como otras que recibieron contraprestaciones económicas por distintos servicios técnicos asociados al proyecto.

Parte de los fondos, según la documentación incorporada al procedimiento, fueron destinados también a sufragar la dedicación de personal técnico y administrativo de la universidad encargado de la adaptación y mantenimiento del sistema digital. De la cifra total reclamada, más de 78.000 euros corresponderían a contratos adjudicados a la consultora Deloitte.

La cuantía reclamada ya había sido trasladada en enero de este año al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, quien investiga a Gómez por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y malversación de caudales públicos.

En abril, el magistrado propuso la apertura de juicio oral mediante procedimiento ante jurado popular, aunque la decisión definitiva corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid. La UCM reiteró posteriormente, en su escrito de conclusiones provisionales, su intención de reclamar la restitución económica vinculada al supuesto perjuicio patrimonial.

La investigación judicial analiza igualmente el uso posterior del software a través de una página web vinculada a una empresa propiedad de Begoña Gómez, desde la que se ofrecía gratuitamente una herramienta digital orientada a pequeñas y medianas empresas para la elaboración de informes sobre sostenibilidad y cumplimiento de determinados estándares ambientales.