
La corrupción se consolida como una de las principales preocupaciones de los españoles y también condiciona la percepción empresarial sobre la contratación pública, según los datos recogidos por la Comisión Europea en su último informe sobre el Estado de derecho en España.
Según publica El Confidencial, el documento, que recoge datos del Eurobarómetro sobre actitudes empresariales frente a la corrupción, señala que el 40% de las empresas españolas considera que la corrupción les ha impedido ganar una licitación pública durante los últimos tres años. El porcentaje supera en diez puntos la media de la Unión Europea, situada en el 30%.
La percepción sobre la independencia de los organismos encargados de resolver recursos en materia de contratación pública también ha empeorado. En concreto, el porcentaje de empresas que considera «muy bueno» o «bastante bueno» el grado de independencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha pasado del 61% en 2025 al 44% actual.
Además, España registra una proporción superior a la media europea de procedimientos de contratación pública con una sola oferta. Según el Single Market and Competitiveness Scoreboard, el 34% de los procedimientos de contratación se resuelve con una única propuesta, frente al 27% de media en la UE.
La Comisión Europea recoge asimismo advertencias sobre riesgos en la contratación pública, escasa competencia efectiva y falta de trazabilidad de los datos. La Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación Pública apunta especialmente a los contratos de prestación de servicios y reclama mayor formación, criterios profesionales más rigurosos y un control más preciso de la subcontratación.
El organismo también reclama la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Fraude, mientras que el informe señala las dificultades para avanzar en las medidas previstas por el Gobierno dentro de su estrategia anticorrupción.
El Eurobarómetro especial sobre corrupción de 2026 refleja además que el 92% de los españoles considera extendida la corrupción, frente al 71% de media europea. El 53% afirma que afecta personalmente a su vida diaria, frente al 30% en la UE.
Entre las empresas, el 85% considera que la corrupción está extendida en España y el 62% cree que supone un problema para su actividad empresarial. Solo el 31% de los españoles considera suficiente el número de procesamientos judiciales para disuadir estas prácticas.