Levantina de Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos son dos de las empresas investigadas por su presunta implicación en la trama que salpica a Santos Cerdán. Aunque sus responsables han rechazado ante el juez cualquier vinculación con el pago de mordidas, varias de las concesiones públicas en las que resultaron beneficiadas están actualmente bajo lupa por aparentes irregularidades.

Uno de los contratos más llamativos que obtuvieron ambas compañías no tuvo lugar en suelo español, sino en Armenia. Allí se les adjudicó la ejecución de un tramo de la autopista M1, en concreto los 34 kilómetros que conectan Ashtarak con Talin, dentro del proyecto estratégico de mejora del Corredor Vial Norte-Sur. El presupuesto adjudicado alcanzó los 75,9 millones de dólares y fue respaldado financieramente por el Banco Asiático de Desarrollo.

La trascendencia del proyecto no pasó desapercibida para la diplomacia española. La Embajada de España en Ereván destacó la firma del contrato con un comunicado publicado el 4 de octubre de 2023. En él, celebraban el papel de las constructoras españolas y manifestaban su deseo de que esa cooperación se mantuviera en el tiempo. Hoy, a la luz de las investigaciones judiciales, ese gesto institucional adquiere un matiz muy distinto.

El acto de finalización de las obras contó con la presencia del vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, Shixin Chen, quien se reunió con el jefe del Gobierno armenio, Nikol Pashinyan. Este respaldo institucional dio un empujón simbólico al proyecto, que se dividió en dos fases principales: la construcción propiamente dicha de la carretera y la instalación de los enlaces funcionales que garantizan su operatividad.

La licitación fue finalmente adjudicada a la unión temporal entre Levantina y Obras Públicas y Regadíos, que presentó la oferta más baja frente a otros contendientes internacionales. Su propuesta fue más competitiva que la de Sinohydro Bureau 16 – STECOL, que ofertó 78,1 millones, y que la del consorcio chino Shandong Luqiao Group Co., que presentó un presupuesto de 84,4 millones.

Pese a su reciente proyección internacional, la situación financiera de Levantina ha sido convulsa. En su última memoria anual, la firma reconoce un beneficio neto de 62,89 millones de euros, en un ejercicio marcado por los importantes descalabros económicos sufridos en Argelia, su principal mercado exterior. Estas pérdidas arrastraron a la empresa hasta el concurso de acreedores.

El vínculo de estas compañías con la conocida como ‘trama PSOE’ ha sido recogido en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según las pesquisas, su implicación estaría relacionada con supuestos pagos de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, acusación que sus responsables niegan. Junto a ellas, figuran también en el documento firmas como Servinabar y Acciona, que aparecen de manera recurrente en los audios incautados a Koldo García durante los registros policiales.