La acumulación de asuntos judiciales sin resolver provocada por el estado de alarma, pero sobre todo el aluvión de nuevos pleitos que provocará la crisis causada por la COVID-19, amenaza con colapsar los tribunales.
Jueces, fiscales y abogados consultados por EFE coinciden en que el coronavirus ha generado un alto riesgo de atasco, e incluso colapso, en los tribunales y juzgados.
Tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial han dispuesto planes específicos de actuación para aliviar en lo posible tanto el retraso acumulado en señalamientos como la avalancha de nuevos asuntos, pero tanto las asociaciones judiciales como las citadas fuentes creen que serán insuficientes: deberán actuar sobre un sistema que ya estaba escaso de medios y anticuado.
LOS JUICIOS QUE QUEDARON PENDIENTES
En cuanto a la celebración de juicios que han quedado pendientes a causa de la suspensión de procedimientos, una magistrada de la Audiencia de Valencia señala que, como el confinamiento ha coincidido con fechas de pocos señalamientos, por la Semana Santa, con un sobreesfuerzo por parte de los magistrados de sala, aquellas secciones que no tuvieran asuntos acumulados antes del decreto de alarma podrían ponerse al día en unos meses.
Pero todo dependerá, añade, del tiempo que se tarde en poder trabajar a pleno rendimiento. Si se alarga el parón, la previsión puede ser peor.
LA AVALANCHA DE CASOS QUE PROVOCARÁ LA CRISIS ECONÓMICA
El panorama es más negro en cuanto a la multitud los asuntos que va a desatar la crisis económica que se avecina, opinan las fuentes consultadas: concursos de acreedores, despidos colectivos, deudas, procedimientos de Seguridad Social, ejecuciones de sentencia en familia para recuperar las visitas a los hijos por parte de progenitores no custodios, impagos de pensiones, modificación de medidas de manutención de los menores ante la caída de los ingresos.
«Hay muchos derechos que se van a frustrar», señala Julia Falcó, abogada de familia, que apunta a que, si nuestra Administración de Justicia funcionaba a duras penas en tiempos de normalidad, con la crisis que se avecina corre el riesgo de colapsar.
Por su parte, Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio, señala que «en violencia de género se ha venido actuando durante el estado de alarma en asuntos con carácter de urgencia y, aún así, habrá atasco, porque al no estar trabajando los funcionarios, no se pueden seguir tramitando las actuaciones. Ni que decir tiene que, si esto es así con los asuntos urgentes, el atasco en el resto es fácil de imaginar».
EL TELETRABAJO NO HA LLEGADO AÚN A LA JUSTICIA
Tanto Falcó como Gisbert, al igual que otras fuentes consultadas, apuntan a que, al no estar digitalizada la Justicia, lo que representa una asignatura pendiente, no ha sido posible el teletrabajo de los funcionarios encargados de tramitar asuntos. Debido a ello, durante la suspensión de procedimientos derivada del decreto del estado de alarma, se han acumulado no solamente juicios, sino todo tipo de asuntos.
Así, por ejemplo, un fiscal de lo Penal consultado señala que sigue recibiendo los atestados policiales en papel, mientras que un juez de Instrucción reconoce que, como no se tramitan las diligencias pendientes, no puede avanzar en sus investigaciones, y solo se ha ocupado durante el confinamiento de los casos urgentes por implicar a presos preventivos.
El Poder Judicial permitirá, a partir de este jueves, presentar escritos por medios telemáticos. Pero presentar escritos, señala una abogada consultada, no es tramitar asuntos, porque la suspensión de procedimientos continúa.
LA LENTITUD CRÓNICA DEL SISTEMA JUDICIAL
Y esta acumulación se añade al problema crónico de la lentitud de nuestra Justicia: según los datos del CGPJ, los juzgados y tribunales de todo el país dejaron en 2019 un total de 2,8 millones de asuntos en trámite, un 8,6 % más que el año anterior.
Además de a lo Mercantil y a Familia, junto al retraso en investigaciones sumariales, el aluvión de asuntos afectará muy especialmente al ámbito de lo Social. Así lo cree, por ejemplo, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas.
«Es un drama. El sector privado está haciendo una enorme cantidad de ERTE, la situación entraña novedades que requieren un estudio detenido y que serán controvertidas, como la suspensión de plazos procesales o la interpretación de la nueva normativa», comenta para alertar de que haya un «alto riesgo de colapso».
Coincide con ella el abogado valenciano José Gabriel Ortolá, exmiembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia, quien concluye que «se está hablando de que después del colapso de la Sanidad, viene el de la Justicia».
Para intentar evitarlo, el Consejo General del Poder Judicial ha planteado un centenar de medidas, que contemplan desde declarar agosto mes hábil hasta las sentencias orales en determinadas circunstancias o desincentivar las litigaciones «sin fundamento» con el pago de las costas o la fijación de una multa en el orden civil.
Medidas contra las que han salido al paso la mayoría de asociaciones judiciales y fiscales, que ven tras ellas un intento de implantar cambios estructurales con vocación de permanencia en el tiempo, y consideran que algunas no se adecuan a la realidad judicial.
