La cristianofobia aumenta en España de forma alarmante, un país en el que casi el 70% de sus ciudadanos dice que es católico, según el CIS.
La cristianofobia aumenta en España de forma alarmante, un país en el que casi el 70% de sus ciudadanos dice que es católico, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), una asociación civil que trata de defender el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser difamados o discriminados por sus convicciones morales y religiosas, ha dado a conocer el informe sobre los ataques a la fe en 2017. Esta investigación incide en el aumento del «carácter violento» de los casos dado que se ha pasado de 39 ataques a templos a 44 en solo un año, y contabiliza pintadas, profanaciones -que normalmente provienen de grupos organizados anarquistas, feministas radicales o incluso satánicos, según denuncia la entidad- y otros ataques.
Alerta de que hay más casos que, pese a no ser violentos, también son preocupantes ya que «buscan silenciar al creyente e intentan que la religión desaparezca de la vida diaria». En este sentido, señala que en 2017 hubo 62 episodios de marginación de la religión de la vida pública, 41 escarnios a la religión, 16 vejaciones a creyentes y tres acciones violentas contra estos. Sumados a los 44 ataques a templos se contabilizan 166 casos en total -208 en 2016-.
La mayor parte de las agresiones las sufren los católicos -un 56,6% del total-, mientras que el resto se lo reparten entre las demás confesiones cristianas -un 20,5%- y otras religiones -un 22,9%-. La OLRC afirma además que de los 166 ataques a la libertad religiosa, Podemos fue responsable de 34, el PSOE de 20 e Izquierda Unida de 10. Estas formaciones «olvidaron» que según el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia» y que el artículo 16 de la Constitución consagra el derecho a la libertad religiosa.
También destaca que los ataques de los partidos separatistas -PDeCAT, Compromís y ERC- hacen que Cataluña sea la comunidad autónoma con más casos -29- y sitúan a la Comunidad Valenciana en los primeros puestos -21-. El informe censura el «laicismo radical expresado por la izquierda y los nacionalistas» y que algunos partidos, sindicatos y asociaciones «poniendo las instituciones democráticas al servicio de sus intereses ideológicos» hayan utilizado sus comparecencias sobre el pacto educativo para cargar contra la Religión católica en la escuela, los acuerdos con la Santa Sede y la libertad de los padres a elegir la formación que quieren para sus hijos, «en lugar de buscar soluciones para que la calidad educativa mejore».
En la investigación se contabiliza, por ejemplo, la propuesta de Podemos en el Congreso para eliminar la misa de la televisión pública dado que como «servicio público» no debería, a su juicio, «dedicarse a dar información», una medida que imposibilitaría que la Eucaristía llegue a enfermos y personas impedidas que no pueden acudir a un templo religioso.
También la profanación de Monserrat por parte de dos jóvenes de Arrán, la organización juvenil afín a la CUP; la imagen blasfema de Jesucristo titulada «carnicerías vaticanas» en una de las txosnas de las fiestas de Bilbao; el ataque a la capilla de la Universidad Autónoma al grito de «la iglesia que más ilumina es la que arde»; el escrache al sacerdote Custodio Ballester por parte de la CUP y el PSC; la ofensa en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas en la que se hizo escarnio de Jesucristo, la Virgen y los sentimientos religiosos de los católicos; la felicitación de Izquierda Unida con árbol navideño en llamas; la propuesta de este mismo partido de retirar a San Fernando, a los obispos San Isidoro y San Leandro, y el título de «mariana» del escudo de Sevilla, etc.
La entidad concluye que la libertad religiosa en España está amenazada y que el miedo a manifestar las propias creencias crece. Por este motivo pide a los partidos políticos que «impulsen medidas para que los creyentes puedan practicar sin temor sus
convicciones y acudir a sus templos sin que estos sean profanados o incluso
eliminados. En esta línea, censura que en algunos lugares se estén quitando cruces colocadas en espacios públicos.
Asimismo, les insta a respetar las creencias, las manifestaciones de la fe popular y la aconfesionalidad del Estado «sin intentar acabar con todo lo que tenga
que ver con la religión en el ámbito público». «La religión también es un aspecto humano que debe ser respetado en igualdad de condiciones. Sin ella no podríamos entender otros elementos de la vida social como las convicciones personales o ciertas manifestaciones artísticas», finaliza.
