La diputada del PSOE por Barcelona Mercè Perea Conillas se ha sumado durante las últimas semanas a las críticas contra los denominados «fondos buitre» a raíz del caso de Maricarmen Abascal. Sin embargo, su última declaración de bienes refleja que la parlamentaria socialista es propietaria de 13 viviendas urbanas y ha declarado 18.414 euros en ingresos procedentes de alquileres, según informa Libre Mercado.
De los trece inmuebles, nueve llegaron a su patrimonio mediante donación y son íntegramente de su propiedad. Los cuatro restantes fueron adquiridos mediante compraventa: en uno posee el 100%, en otros dos el 50% y en el cuarto el 70%. La diputada también declara dos planes de pensiones privados cuyo valor conjunto asciende a 35.760 euros.
Encaja en la definición de «gran tenedor» del propio Gobierno
El patrimonio inmobiliario de Perea supera el umbral establecido por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda para la definición general de «gran tenedor». La norma considera como tal, con carácter general, a la persona física o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros, o de más de 1.500 metros cuadrados de superficie residencial.
Con las 13 viviendas declaradas, la diputada socialista supera ese límite. La situación contrasta con el discurso que el PSOE mantiene sobre los grandes propietarios y los fondos de inversión, especialmente desde que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de su estrategia electoral.
Criticó a Urbagestión tras el caso de Maricarmen
Perea intervino públicamente en la polémica generada alrededor de la recientemente fallecida Maricarmen Abascal. El pasado 23 de septiembre, la diputada escribió en X: «Ahora nos rasgamos las vestiduras, pero Mari Carmen ya no está en sus cuatro paredes. Los «fondos buitre» no pueden campar a sus anchas. Hay que regularlo».
Entre las empresas señaladas en la polémica figura Urbagestión, propietaria del inmueble en el que residía Maricarmen. Según la información publicada, la compañía es una pyme que posee una única vivienda. Perea, en cambio, declara trece inmuebles urbanos, además de ingresos procedentes de su arrendamiento.
18.414 euros en rentas de alquiler
La última declaración patrimonial de la diputada recoge 18.414 euros en rentas inmobiliarias, aunque el documento no especifica cuántas de sus propiedades se encuentran actualmente alquiladas ni qué cantidad aporta individualmente cada una.
El dato añade otra contradicción al discurso socialista contra quienes obtienen rendimientos económicos del mercado residencial. El PSOE ha endurecido durante los últimos años su retórica contra los llamados «fondos buitre» y los grandes propietarios, al tiempo que ha impulsado límites al alquiler y mayores obligaciones sobre los titulares de varias viviendas.
