La presidente de Navarra, María Chivite, solicitó a la directora de la Oficina regional de Buenas Prácticas y Anticorrupción que revisara nuevamente la legalidad de seis contratos otorgados por la comunidad autónoma a una empresa relacionada con el supuesto esquema de sobornos vinculado a Santos Cerdán. Resulta relevante que Edurne Eginoa, quien firmó una de las adjudicaciones beneficiadas a Servinabar, es actualmente la máxima responsable del organismo encargado de auditar esa concesión, junto con otras cinco, para determinar si existen indicios de irregularidades.

Según ha desvelado La Razón, Eginoa fue quien adjudicó la licitación para la reforma del edificio que albergaba el Archivo General de Navarra a la empresa vinculada a Antxon Alonso, persona relacionada documentalmente con el exsecretario de Organización del PSOE. En el momento de dicha adjudicación, Eginoa ocupaba el cargo de directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, dependiente de la Consejería de Presidencia e Igualdad del gobierno navarro dirigido entonces por Uxue Barkos.

Su gestión en este puesto se extendió desde agosto de 2015 hasta la llegada de la legislatura actual en agosto de 2019, bajo la supervisión directa de María José Beaumont, exconsejera autonómica vinculada a Bildu. Tras el cambio de gobierno y la llegada de Chivite, Eginoa fue designada en mayo de 2022 como la responsable máxima del recién creado organismo público. Su nombramiento fue impulsado por Bildu y contó con el respaldo parlamentario de los socialistas, Geroa Bai y Podemos.