La Memoria de la Fiscalía de Madrid de 2024, presentada en el acto de apertura del año judicial en la región, ha puesto sobre la mesa una de las realidades más graves que atraviesa la Comunidad: el colapso en la atención a los menores extranjeros no acompañados. La fiscal superior, Almudena Lastra, alertó de que la llegada de estos jóvenes al aeropuerto de Barajas desde Marruecos y Egipto se ha multiplicado por tres respecto al año anterior, provocando una situación insostenible en los dispositivos de acogida.
El anuario estadístico cifra en 1.937 los menas registrados en 2024, de los cuales 1.110 llegaron a través del aeropuerto madrileño (un 57,5% más), frente a los 399 del año anterior. Estos datos desmienten al Gobierno de Sánchez, que niega el colapso pese a que los centros de primera acogida están al 150% de ocupación, según revela Abc.
El informe subraya que la saturación no afecta sólo a Barajas, sino también a las instalaciones de acogida. Además, las pruebas de edad para determinar si los recién llegados son menores o adultos —muchos sin pasaporte— acumulan demoras de hasta ocho meses porque sólo se practican en el servicio de Radiología del hospital Gregorio Marañón.
La Fiscalía recuerda que la Policía Nacional ha detectado mafias de inmigración detrás de esta llegada masiva de adolescentes. Pese a ello, Lastra pidió que «no se les criminalice», en un discurso en el que alertó del clima de polarización política y radicalización ideológica.
La memoria también refleja un repunte preocupante de la delincuencia juvenil. Los expedientes de menores crecieron un 8% en 2024, con 2.964 casos de inimputables (menores de 14 años que no pueden ser juzgados), un 7% más que en 2023. En total, los procedimientos incoados en la Comunidad aumentaron un 6%.
Destaca el aumento del 30,8% en las agresiones sexuales cometidas por adolescentes, que pasaron de 452 a 591. También crecieron los casos de violencia doméstica (+17%) y violencia de género (+69,5%). Los delitos de odio protagonizados por menores se duplicaron (+133%).
En cambio, los robos con violencia cayeron un 22%, los hurtos un 4% y los delitos contra la salud pública un 11,4%.
