El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pospuesto la posible imputación del PSOE como persona jurídica en el ‘caso cloacas del PSOE’. El magistrado quiere completar las pesquisas antes de resolver si el partido debe responder penalmente por las actuaciones de la presunta trama de Leire Díez. Anticorrupción comparte que dar ese paso resulta todavía prematuro, aunque sostiene que existen indicios de cohecho y tráfico de influencias que podrían justificarlo.
Uno de los principales elementos bajo investigación es la supuesta financiación de estas actividades con dinero socialista. Según el informe de la Fiscalía citado por Vozpópuli, Santos Cerdán habría acordado pagar a Díez 4.000 euros mensuales por sus servicios. Los investigadores apuntan a que los fondos circulaban mediante sociedades y terceros para ocultar su destino. En ese circuito figuran una empresa de Gaspar Zarrías, sociedades del abogado Ismael Oliver y la intermediación del letrado Jacobo Teijelo. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también investigada, habría autorizado encargos que después se utilizaron para respaldar facturas presuntamente ficticias.
La vinculación con el partido habría incluido también el uso de sus instalaciones y el abono de desplazamientos. El Ministerio Público atribuye a Cerdán haber facilitado medios económicos y operativos del PSOE a la organización que presuntamente dirigía, cuyos integrantes mantuvieron distintas reuniones en Ferraz. La investigación recoge al menos cuatro viajes de Díez sufragados por la formación, uno de ellos relacionado con las actividades examinadas en la causa. También consta un desplazamiento de Javier Pérez Dolset a Zaragoza, pagado para acudir a una reunión junto a Díez. La red habría ofrecido dinero o favores a guardias civiles, fiscales y personas investigadas a cambio de información.
Anticorrupción sitúa el primer contacto entre Cerdán y Díez en 2021. Las comunicaciones intervenidas apuntan a que el entonces secretario de Organización le encomendó coordinar determinadas actuaciones en abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión anunciados por Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa. Según la Fiscalía, el objetivo era entorpecer de manera continuada investigaciones policiales y procedimientos judiciales capaces de perjudicar al Gobierno o al PSOE, entre ellos los casos de Begoña Gómez y David Sánchez.
El informe fiscal también cuestiona la supervisión de estos movimientos dentro de la formación. Las declaraciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y de Fuentes apuntarían, a juicio de Anticorrupción, a que la gestión de Cerdán sobre las cuentas carecía de controles efectivos. Los fiscales sostienen, además, que las actuaciones investigadas se impulsaron desde la dirección socialista. Pedraz considera necesario precisar qué autoridad tenía el exdirigente, cómo funcionaban los mecanismos internos de vigilancia y si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas que se le atribuyen a la trama.
Para resolver esas cuestiones, el juez deberá examinar la documentación reclamada al PSOE el pasado 6 de octubre y el material intervenido en la sede socialista, en el domicilio de Cerdán y en las viviendas de otros investigados. El magistrado también considera relevante la declaración del exsecretario de Organización para delimitar sus competencias y su capacidad de decisión. Estas diligencias permitirán valorar si los indicios reunidos justifican extender la investigación penal a la propia formación política.
