El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado a Anticorrupción que asuma el caso de la trama de compra de voto «a gran escala» en Melilla y que afecta fundamentalmente al partido musulmán Coalición por Melilla.
Lo hace debido a «su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.
Así consta en un decreto firmado el jueves, donde el jefe del Ministerio Público explica que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta Fiscalía Especial asuma el caso. Fuentes fiscales indican que se trata también de una cuestión de coherencia interna por cuanto el caso de Mojácar (Almería) está en manos del fiscal delegado de Anticorrupción. En Melilla, al no existir esta figura delegada, era la Fiscalía ordinaria quien había entrado en la causa.
La Fiscalía General cree que «la compra de votos» se estaba financiando «con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma».
Así, detalla que estas empresas —y particulares— recibieron «licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones» que provenían del Gobierno local, conformado por el PSOE, CpM y un edil de Ciudadanos.
