La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación sobre el desvío de millones de euros destinados a la atención de menas en las Islas Canarias que presuntamente fueron entregados a los gestores de una de las fundaciones encargadas del cuidado de los centros. El departamento ha asumido la competencia para investigar diversas prácticas corruptas que se extendieron a lo largo de tres años durante el Ejecutivo canario del ministro Ángel Víctor Torres.

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió entre 2020 y 2022 una financiación de 15,2 millones de euros procedentes de fondos públicos. No obstante, un informe de la Intervención General ha alertado que, aunque el funcionamiento de estos centros estaba subvencionado por la Comunidad Autónoma, parte del gasto derivado se imputó a créditos del instrumento europeo de recuperación Next Generation.

Según explica el auto, los investigados «utilizaron diferentes procedimientos para lograr el enriquecimiento personal y el disfrute particular de parte de los fondos públicos que estaban vinculados al mantenimiento de los centro de menas que dirigían». Por ello, la instrucción ha ido analizando las cuentas bancarias y los justificantes de gastos, aunque no han encontrado justificación alguna al manejo del dinero.

En este sentido, se han imputado a cuatro directivos de la organización y la propia fundación como persona jurídica. El magistrado advierte de «un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito beneficio personal económico».