La Fiscalía General del Estado ocultó a la Audiencia Nacional documentación sobre las presuntas maniobras de Leire Díez contra la jueza Beatriz Biedma, según la información publicada por El Confidencial. La institución aseguró al magistrado Santiago Pedraz que su Secretaría Técnica no conservaba registros relacionados con una denuncia contra la exmilitante socialista. Sin embargo, apenas dos días después, el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, declaró que había intercambiado con sus superiores en Madrid al menos tres documentos sobre ese procedimiento.
La contradicción ha aflorado en la investigación que dirige Pedraz sobre las denominadas cloacas del PSOE. En su comparecencia como testigo del pasado 10 de septiembre, Alonso Tejuca reconstruyó las comunicaciones mantenidas con Diego Villafañe, entonces responsable de la Secretaría Técnica y estrecho colaborador de Álvaro García Ortiz. El fiscal provincial explicó que había revisado sus archivos y teléfonos antes de acudir a la Audiencia Nacional, lo que le permitió detallar incluso las horas de algunos envíos.
El intercambio tuvo su origen en una querella presentada el 6 de junio de 2025 en Badajoz. La asociación atribuía a Díez una supuesta actuación concertada con el exjuez Luis Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, para atacar a Biedma, instructora del procedimiento contra David Sánchez. Alonso Tejuca relató que conoció la existencia de la denuncia mediante una conversación en los juzgados y decidió trasladarla a Madrid por su relación con la causa del hermano del presidente del Gobierno.
Según su testimonio, la documentación circuló en ambos sentidos. Primero remitió la querella a la Secretaría Técnica para que pudiera examinarla. Después recibió una respuesta que cuestionaba la calificación de los delitos y defendía que la investigación debía permanecer en Badajoz. Finalmente, envió a sus superiores el informe elaborado por el fiscal encargado del asunto, quien mantuvo que la competencia correspondía a Madrid, aunque incorporó a su escrito algunos de los razonamientos recibidos desde la Fiscalía General.
Sobre este último envío, Alonso Tejuca aportó una precisión concreta: se realizó el 20 de junio a las 15.02 horas y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica confirmó su recepción alrededor de las 18.00. Esa secuencia contrasta con la contestación remitida a Pedraz el 8 de septiembre. En aquel escrito, consultado por El Confidencial, la Secretaría Técnica sostuvo que no había localizado registros de la denuncia ni correos, informes, notas, mensajes u otras comunicaciones vinculadas al procedimiento.
El requerimiento del juez, cursado en julio, abarcaba mucho más que la documentación registrada por los canales oficiales. Pedraz había solicitado cualquier comunicación entre los fiscales que hubieran intervenido, incluidas anotaciones internas, propuestas, mensajes y correos electrónicos. La respuesta de la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de que hubieran existido contactos informales entre integrantes de la Secretaría Técnica y la Fiscalía Provincial durante junio y julio de 2025, pero no concretó su contenido ni aportó los documentos descritos posteriormente por el testigo.
Durante el interrogatorio, Alonso Tejuca también señaló que Villafañe tenía activado desde el 14 de diciembre de 2024 un sistema de borrado de mensajes. Según explicó, esa configuración podía hacer desaparecer las conversaciones también del dispositivo del destinatario. Por otra parte, calificó de «perturbadoras» las actuaciones de Sáenz de Tejada, una persona conocida en el ámbito judicial pacense. Biedma atribuye al exmagistrado y a Díez supuestos contactos con narcotraficantes locales para intimidarla mientras investigaba a David Sánchez.
Estos hechos se suman a otros episodios examinados en torno a la presunta utilización del nombre de la Fiscalía por parte de Díez. Según la información publicada, la exmilitante ofreció al empresario Alejandro Hamlyn posibles beneficios judiciales a cambio de datos sobre el coronel de la Guardia Civil Antonio Balas. El Confidencial también señala que García Ortiz tramitó una denuncia contra Biedma 48 horas después de que la magistrada imputara al hermano de Sánchez y que la UCO encontró referencias a esa actuación en las agendas de Díez.
