La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su asesora Cristina Álvarez de cara al juicio con jurado popular abierto por el juez Juan Carlos Peinado.
En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público solicita «la libre absolución de las acusadas» al considerar que «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal». La posición de la Fiscalía choca con la decisión adoptada por Peinado antes de su jubilación, cuando acordó abrir juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y contra Álvarez por este último.
Peinado sostuvo que Gómez se aprovechó de su cercanía a Sánchez
En el auto de apertura de juicio oral, Peinado sostuvo que Begoña Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno» para favorecer su proyección profesional dentro de la Universidad Complutense de Madrid.
El juez señaló además que la esposa de Sánchez habría obtenido una interlocución singular con responsables de una universidad pública, empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico.
La investigación se ha centrado durante meses en determinar si la posición institucional de Gómez y su cercanía al jefe del Ejecutivo fueron utilizadas para facilitar contactos, apoyos o actuaciones vinculadas a su actividad profesional.
La acusación popular pide 13 años de cárcel
Mientras la Fiscalía defiende que no existe delito, la acusación popular encabezada por Hazte Oír mantiene una postura radicalmente opuesta. La entidad solicita una pena de 13 años de prisión para Begoña Gómez y de seis años para Cristina Álvarez. Las defensas de ambas acusadas reclaman, por su parte, la absolución completa.
El procedimiento llegará así a juicio con posiciones completamente enfrentadas: por un lado, el juez instructor y las acusaciones populares, que sostienen que existen indicios suficientes para sentar a Gómez en el banquillo; por otro, la Fiscalía, que considera que los hechos carecen de relevancia penal. La decisión definitiva corresponderá al jurado popular y al tribunal encargado de enjuiciar el caso.
