La Fiscalía de Almería ha solicitado la apertura de juicio oral contra 14 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la inmigración ilegal mediante el uso de las denominadas «pateras taxi», embarcaciones rápidas que trasladaban inmigrantes desde el norte de África hasta la costa almeriense. Dos personas murieron durante una de estas travesías, ocurrida en octubre de 2022 frente a las costas del Cabo de Gata.
Los procesados fueron detenidos entre finales de 2022 y agosto de 2023 en distintas fases de la operación Flixita, desarrollada por la Guardia Civil para desarticular rutas rápidas de inmigración irregular que conectaban Argelia con el litoral de Almería. La investigación se saldó inicialmente con una veintena de arrestos, aunque el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento provisional para seis de los encausados, manteniendo la acusación contra los otros catorce.
Según consta en un auto de la Audiencia de Almería, la red criminal cobraba hasta 5.000 euros por persona por cada traslado ilegal, en embarcaciones en las que viajaban entre diez y quince inmigrantes por trayecto. Las investigaciones apuntan a que la organización aprovechaba estos viajes para maximizar beneficios, transportando también objetos robados en España con destino a Argelia —como teléfonos móviles— y traficando con drogas, entre ellas cocaína, metanfetamina y anfetamina.
Durante los registros practicados en Almería y Tarragona, los agentes intervinieron 17 embarcaciones, dos vehículos, más de 48.000 euros en efectivo, unas 90.000 pastillas de éxtasis, más de 600 gramos de cocaína de alta pureza y numerosos dispositivos móviles, algunos de ellos pertenecientes a presuntas víctimas de robos.
La causa judicial se sigue por delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidio imprudente y delitos contra la salud pública. Los investigadores vinculan directamente la actividad de la red con la travesía mortal de octubre de 2022, en la que dos personas perdieron la vida durante el cruce marítimo.
La Guardia Civil ha señalado que, en numerosas ocasiones, los integrantes de la organización coordinaban salidas simultáneas de varias embarcaciones rápidas con el objetivo de saturar la capacidad de respuesta de los servicios de vigilancia marítima y dificultar su interceptación.
El entramado fue detectado inicialmente a través de internet, donde los agentes localizaron anuncios y publicaciones en los que se ofertaban viajes organizados en patera, dirigidos a migrantes en situación de vulnerabilidad, prometiendo una entrada rápida en España por puntos no habilitados de la costa almeriense.
Según la investigación, la organización criminal estaba estructurada en tres niveles: un primer grupo encargado de la logística, gestión de embarcaciones y coordinación de traslados; un segundo nivel compuesto por los patrones que pilotaban las lanchas; y un tercer escalón superior que actuaba como núcleo organizador y financiador de las travesías.
El puerto base de la red se encontraba en Almería, donde almacenaban las embarcaciones y desde donde se botaban los viajes hacia la costa argelina. En algunos casos, las lanchas realizaban trayectos de ida y vuelta en el mismo día para aumentar la rentabilidad del negocio ilícito.
