La ‘fontanera’ socialista Leire Díez estaría valorando un cambio de defensa jurídica y ya habría sondeado a varios letrados, según publica The Objective. Se trata de un movimiento que se interpreta como un intento de desmarcarse del PSOE ante el avance de las investigaciones judiciales.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, investiga si Díez lideró una trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales y policiales que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el magistrado dirige otra causa en la que se analiza la supuesta creación de una estructura paralela a la SEPI para favorecer contratos y rescates mediante su presunta capacidad de influencia.

La conocida como «fontanera del PSOE» está representada actualmente por la abogada Eva María Bejarano, socia fundadora del despacho Tejedor, Hernanz & Bejarano Abogados. Hace una semana, Bejarano recurrió ante la Audiencia Nacional la decisión de permitir a la UCO de la Guardia Civil acceder a las llamadas y mensajes de Díez entre 2020 y 2025, al considerar que no existe base fáctica suficiente y que el periodo solicitado es excesivamente amplio.

Fuentes del caso señaladas por The Objective señalan que Díez podría optar por una estrategia de colaboración con la Justicia similar a la seguida por Víctor de Aldama en el caso Koldo. En esa misma línea se sitúa el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien recientemente cambió de abogado y contrató a una letrada especializada en pactos judiciales.

Díez estaría pendiente del desenlace del denominado ‘caso mascarillas’ para decidir sus próximos pasos ya que quiere conocer el alcance de una eventual condena al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. En las agendas incautadas a Díez figuran anotaciones sobre la supuesta implicación del PSOE en sus estrategias de defensa, una circunstancia que, según dichas fuentes, trataría ahora de evitar.

La investigación se ha intensificado después de que la UCO registrara la sede del PSOE en la calle Ferraz el pasado 27 de mayo. Los agentes permanecieron más de 12 horas recopilando información sobre posibles pagos del partido a la supuesta trama. El juez Pedraz sostiene que la formación pudo abonar 188.000 euros mediante facturas falsas y considera que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez habrían actuado «de manera conjunta» para proteger los intereses del partido y del presidente del Gobierno.

La causa también afecta a la gerente socialista Ana Fuentes, al abogado Jacobo Teijelo, al guardia civil Juan Sánchez Yepes y al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. Este último reconoció haber pagado 16.000 euros a Díez para averiguar si el comisario jubilado José Manuel Villarejo estaba detrás del caso de los ERE.