La Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, adjudicó el pasado 14 de julio un contrato de hasta 103.200 euros con impuestos al empresario Ridouane Ambarky para prestar asistencia administrativa y logística a los proyectos españoles de seguridad y gestión de la inmigración en Marruecos. La resolución llegó apenas 16 días antes de los hechos del 30 de julio en Ceuta, en los que decenas de miles de personas trataron de alcanzar la ciudad española desde territorio marroquí.
El expediente, identificado como SPD-2026-033, tiene como objeto la «asistencia administrativa, logística y financiera» dentro del proyecto «Apoyo al Reino de Marruecos: coordinación y gobernanza para la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes». La contratación pública confirma una adjudicación de 86.000 euros sin impuestos, 103.200 con impuestos, por un periodo de 43 meses y mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que concurrieron tres ofertas.
La operación adquiere una especial relevancia por su cronología. Según la documentación consultada por Abc, aunque la adjudicación se decidió el 14 de julio, la firma por parte de Ambarky se produjo el 1 de agosto, cuando Ceuta se encontraba ya sometida a una fuerte presión tras la entrada masiva registrada desde Marruecos. El responsable de la misión de la FIAP estampó su firma cuatro días más tarde, el 5 de agosto.
El contrato coloca así a un empresario local como enlace operativo entre la Administración española y las autoridades marroquíes precisamente en un área especialmente sensible para España: la cooperación fronteriza con Rabat.
Ambarky percibe 2.000 euros netos mensuales y debe elaborar un informe de situación al término de cada mes. Los pliegos contemplan además un complemento de 205 euros netos por jornada de desplazamiento para cubrir alojamiento y dietas.
Sus funciones van bastante más allá de las de un traductor. El empresario se ocupa de facilitar gestiones administrativas y aduaneras, colaborar en la entrada en Marruecos de material relacionado con los proyectos policiales, preparar reuniones y ejercer de enlace entre los responsables españoles y la Administración alauí.
El contrato le proporciona además un espacio de trabajo en la Embajada de España en Rabat y un ordenador portátil, destinado, según los documentos del expediente citados por ABC, a garantizar el seguimiento informático y el acceso a la documentación del proyecto.
Acceso a información vinculada a la Guardia Civil
Uno de los elementos más delicados se encuentra precisamente en la información que puede manejar el adjudicatario. La documentación de expedientes anteriores sobre este mismo servicio recoge el tratamiento de datos personales de miembros del Ministerio del Interior marroquí y de agentes de la Guardia Civil desplegados en Marruecos dentro de los programas de cooperación fronteriza.
La contratación se articula, además, en un ámbito marcado por las exigencias de Rabat. La memoria justificativa señala la necesidad de contar con una persona con un «nivel nativo comprobable del idioma dariya marroquí» debido al «contexto geopolítico tan delicado» del proyecto.
La propia FIAP explica en la documentación que recurrir a un perfil local permite obtener el «nivel de confianza necesario» para las instituciones marroquíes, teniendo en cuenta la «sensibilidad del proyecto» y el «nivel exigido de soberanía» por parte del Reino.
La fundación es una entidad del sector público estatal adscrita al ámbito de Exteriores. Su estatuto establece que la presidencia corresponde al titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y que en su patronato están representados, entre otros, Presidencia, Interior e Inclusión. Actualmente está presidida por José Manuel Albares.
Una relación contractual que viene de años atrás
Ambarky ya había trabajado anteriormente para la Administración española en Marruecos. Los registros de contratación muestran diferentes expedientes vinculados al empresario para servicios de apoyo a la gestión fronteriza.
En 2024, la fundación adjudicó a Ambarky otro servicio relacionado con el proyecto «Apoyo a la gestión integrada de fronteras y de la migración en Marruecos». El presupuesto máximo ascendía a 27.400 euros y su oferta quedó fijada en 27.399 euros, apenas un euro por debajo. Los datos publicados sobre aquella licitación señalan que fue la única oferta recibida.
La documentación pública recoge además contratos anteriores. En 2023 figura una adjudicación de 23.790 euros al mismo empresario para servicios de apoyo a los poderes públicos dentro de otro programa de gestión fronteriza en Marruecos.
De este modo, Ambarky ha consolidado durante los últimos años un papel de enlace dentro de los programas españoles y europeos desarrollados con Rabat en materia de seguridad e inmigración.
La nueva adjudicación se produjo en un momento especialmente sensible para las relaciones con Marruecos. El Gobierno español resolvió el contrato el 14 de julio y, según Abc, terminó de formalizarlo ya después de los acontecimientos de finales de ese mes en Ceuta.
La FIAP ha defendido que la contratación se ajustó a la Ley de Contratos del Sector Público y que cumplió «todos los requisitos legales y procedimientos aplicables». También ha precisado que Ambarky presta «asistencia administrativa al equipo del proyecto dirigido por Guardia Civil» y que el programa está financiado por la Unión Europea e implementado por la FIAP y la Guardia Civil junto a CIVIPOL, de Francia, y la Organización Internacional para las Migraciones.
El propio empresario, por su parte, no respondió a las preguntas de ABC sobre sus funciones ni sobre el grado de acceso a la información relacionada con los proyectos fronterizos.
