El caso de una mujer que ha empezado a portar el niqab en un instituto catalán ha revelado que la Generalidad de Cataluña permite el uso del velo islámico en los centros educativos de la comunidad autónoma. Este se trata de un velo que cubre completamente el rostro y deja sólo los ojos visibles.
Ante esta situación, la dirección del centro educativo consultó al Departamento de Educación para saber cómo proceder, recibiendo como respuesta que la alumna debía identificarse diariamente en la conserjería y que se le debía facilitar un espacio y tiempo para realizar sus oraciones. Esto ha generado polémica, pues algunos sectores consideran que estas medidas priorizan el respeto a la religión sobre la igualdad de género y los derechos de las menores.
Mientras en países como Alemania, Holanda o Austria el burka y el niqab están estrictamente prohibidos en los centros educativos, en España existe un vacío legal que deja la decisión en manos de las autoridades locales, lo que provoca actuaciones arbitrarias y criterios variables. En Cataluña, el enfoque predominante es proteger la diversidad religiosa y cultural, pese a que cada vez son más los críticos con algunas religiones que han convertido esta región en la más insegura de España. De hecho, muchos han calificado de contradictorio que el «gobierno más feminista de la historia» no se posicione claramente contra el uso de estas prendas.
El aumento del uso de los velos islámicos, especialmente entre los menores, está estrechamente relacionado con la creciente inmigración de origen islámico y, en algunos casos, con la radicalización religiosa. Aunque el hiyab es más habitual en las aulas catalanas, el reciente caso del niqab marca un punto de inflexión, generando un debate sobre los límites de la tolerancia cultural en un espacio tan sensible como las escuelas.
La izquierda catalana, que gobierna la región, defiende que prohibir el burka o el niqab podría marginar a las minorías y provocar el abandono escolar de estas niñas. Este enfoque contrasta con otros países europeos donde incluso partidos de izquierda consideran estas prendas símbolos de opresión y, por tanto, inadmisibles en espacios públicos como las escuelas.