La Generalidad de Cataluña ha anunciado la apertura, en 2026, de una nueva cárcel en la Zona Franca de Barcelona que no tendrá muros, rejas ni alambradas. El centro, que acogerá a internos en régimen abierto, estará destinado a presos que ya han cumplido la mayor parte de su condena y sólo tienen obligación de pernoctar en sus habitaciones. Su objetivo, según el Departamento de Justicia, es «normalizar» la vida del recluso y facilitar su reinserción.

El coste estimado del proyecto es de 40 millones de euros y su diseño prescinde de los elementos tradicionales de seguridad. En lugar de barrotes y vallas, el edificio contará con controles biométricos y un enfoque “residencial”. Habrá biblioteca, gimnasio, comedor, espacios formativos, lavandería y una sala con ordenadores, entre otros servicios. Se prevé que albergue a unos 800 internos distribuidos en 200 habitaciones dentro de dos módulos simétricos.

La cárcel sustituirá a los centros de Wad-Ras y Trinitat Vella, que se cerrarán junto a la prisión de Sant Andreu. La nueva instalación está estructurada en cinco plantas, donde las habitaciones dan a patios interiores, sin rejas ni elementos de contención visibles desde el exterior.

La iniciativa arrancó bajo el mandato de Gemma Ubasart, exconsejera de Justicia del Gobierno de ERC, conocida por su activismo en defensa de los derechos de los presos y por afirmar que en las cárceles catalanas existían episodios de “tortura y violencia”. En su etapa al frente del departamento se difundió el informe Taxa de Reincidència Penitenciària 2020, que concluyó que la reincidencia en este tipo de régimen bajaba del 30,2% al 21,1% en seis años.

Sin embargo, el estudio generó polémica al afirmar que la reincidencia era menor entre los reclusos que hablaban catalán. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) —el principal sindicato en la administración— criticó duramente tanto el informe como el enfoque ideológico de Ubasart, detalla The Objective.

Además de la apuesta por la reinserción, la Generalidad ha defendido que el centro será autosostenible y ecológico, alimentado por energía geotérmica y placas solares, con aislamiento térmico y certificación BREEAM, enfocada en reducir residuos, consumo de agua y contaminación.

Mientras Cataluña afronta crecientes problemas de inseguridad y reincidencia, el Gobierno autonómico apuesta por una prisión sin barreras físicas, inspirada en un modelo de reinserción blando y con una estética “residencial” que difumina los límites entre centro penitenciario y albergue.